(UH) El gran error del Estado fue no invertir en un buen plan de reforma agraria y abandonar el lugar a los mafiosos y especuladores, sostiene el extitular del Indert, Alberto Alderete, en la segunda y última parte de la entrevista concedida a ÚH.
-¿Hallaron a brasileños con estancias en Antebi Cué?
-Sí, había varios brasileños. Incluso encontramos el caso de una persona que es una autoridad importante de Brasil, que vive en Brasil, pero tiene allí su establecimiento.
-¿Es Óscar Goldoni, exintendente de Ponta Porã y exdiputado brasileño?
-Sí, él mismo, el exintendente de Ponta Porã. Encontramos que tenía una gran infraestructura ganadera, tenía residencias, animales, muchas construcciones.
-Sus funcionarios recibieron amenazas de muerte en Antebi Cué. ¿Cómo fue...?
-En el asentamiento se crea un ambiente de terror cuando van a ir los funcionarios del Indert a realizar inspecciones. Generalmente no pueden concluir sus intervenciones, porque las amenazas que reciben son reales, muy creíbles. Tenemos información de que ya hubo asesinatos. Hay toda una mafia organizada en el asentamiento. Hay ganaderos brasileños que alquilan tierras en el asentamiento y hacen pasar sus animales para pastar. Después de engordarlos, vuelven a llevar al Brasil. Ese tipo de negocios ilegales, que dejan mucho dinero, es muy común allí.
-El actual presidente del Indert, Marciano Barreto, insinuó que, además de Magdaleno Silva, habría un diputado liberal que también usurpa tierras en Antebi Cué. ¿Usted llegó a manejar esa información?
-No, al menos durante mi administración no pude constatar que hubiera otro legislador que ocupe tierras allí, aparte de Magdaleno. Pero hay muchos casos en que quienes aparecen como poseedores de lotes son prestanombres de otras personas. No es fácil determinar quiénes son los que están detrás.
-Son muchos los que no son beneficiarios del Estatuto Agrario, pero poseen tierras en el lugar.
-Son muchos y, además de no ser beneficiarios, ocupan superficies de tierra mayores de lo que permite la Ley. Hay estancias de 400, de 1.500 hectáreas, o más, mientras a los campesinos se otorgan lotes de 30 hectáreas. El actual Estatuto Agrario ya no permite la instalación de colonias ganaderas en la Región Oriental, solo permite en la Región Occidental, en el Chaco.
-Entonces, ¿las estancias en Antebi Cué son ilegales?
-Son totalmente ilegales. El Estatuto Agrario solo autoriza a crear asentamientos silvopastoriles, donde los campesinos pueden tener también un poco de ganado.
-Para ser bien precisos, ¿es ilegal tener una estancia ganadera de 1.395 hectáreas, como la que tiene Magdaleno en Rinconada?
-Categóricamente. No lo permite el Estatuto Agrario.
-¿Usted recibió presiones políticas para no seguir con el juicio contra Magdaleno, o contra algún otro usurpador en Antebi Cué?
-Yo personalmente nunca tuve presiones políticas, ni en el caso Magdaleno, ni en ningún otro caso de Antebi Cué. Pero sí hubo amenazas que hicieron llegar a nuestros funcionarios en la región del Amambay. El director regional del Indert en Pedro Juan y la abogada que llevaba el caso tenían temor, porque ellos saben muy bien la gran inseguridad que rige en la zona. No obstante, tuvieron mucho valor y llevaron adelante los juicios, y entiendo que está bastante avanzado.
-El caso Antebi Cué fue presentado como modelo para avanzar en la reforma agraria en Paraguay. Con todo lo que se está descubriendo, ¿se puede decir que fue un gran fracaso?
-Se suele decir que la expropiación de esas tierras fue un error. No lo creo. El error fue no haber acompañado con un plan integral de reforma agraria a esos asentamientos. Allí no hay agua. Los campesinos no pueden tener pozos, cavan 20 o 30 metros y no encuentran agua. Tampoco hay caminos. Deben llegar a pie hasta Bella Vista, a más de 40 kilómetros, el pueblo más cercano con servicios médicos, oficinas públicas, mercado para ventas o adquisición de productos. Bella Vista misma está aislada, muy lejos del asfalto. De lo contrario deben ir a Concepción, a 90 kilómetros de Puentesiño.
El Estado no creó un plan para realizar allí una verdadera reforma agraria. No se quiere invertir en reforma agraria. En Antebi Cué sí es viable un asentamiento, pero requiere de mucha inversión en caminos que puedan comunicar con los centros de población y mercados. ¿Dónde van a vender sus productos? ¡No van a ir 90 kilómetros! Hace falta un plan de infraestructura, con energía eléctrica, agua potable, acompañamiento para sistemas de producción. Todo eso requiere mucha inversión, que el Estado no quiere hacer. No solo el Indert y el presidente de la República, sino el Parlamento que aprueba presupuestos. La reforma agraria sigue siendo la cenicienta del Presupuesto General de Gastos de la Nación.
-¿No hay voluntad política para realizar la reforma agraria?
-Muchas veces, desde sectores del Parlamento se critica porque no hay infraestructura, no hay servicios, se deja a los campesinos abandonados en el monte. Pero, ¿qué hace el Parlamento para impedir eso? El Congreso tiene capacidad para modificar presupuestos, pero lo que hace es recortar cada vez más el presupuesto destinado a reforma agraria. Ese es el problema central.
Ante toda esa dificultad para que los asentamientos de Antebi Cué puedan desarrollarse, muchos regresaron a sus antiguas comunidades, y los que quedaron, quedaron resistiendo a duras penas. De a poco, el Estado fue abandonando, y los oportunistas y especuladores fueron aprovechándose de esa situación, y apropiándose de las tierras del Estado.
-¿La compra y venta de derecheras, es legal?
-Está totalmente prohibida por el Estatuto Agrario. Los lotes adjudicados a los beneficiarios son intransferibles.
-Se creó un gran negociado con la venta de derecheras.
-Sí, es un negociado en el que estuvieron involucrados, en primer término, los especuladores de tierras, paraguayos como extranjeros. No solo en Antebi Cué, sino en todo el Alto Paraná, en parte de Itapúa, Canindeyú, Amambay. En los asentamientos creados para reforma agraria, actualmente, no se ven familias campesinas, se ven desiertos verdes de soja. Los dueños son en su mayoría brasileños que vinieron a comprar tierras a precio de reforma agraria, porque no querían pagar los precios de mercado para comprar otras tierras legales. Con los especuladores de las tierras de reforma agraria y los precios, se creó todo un mercado negro.
-¿Quiénes son los responsables?
-En ese negociado estuvieron involucrados los especuladores de tierra, funcionarios del IBR e Indert y, en muchos casos, escribanos. Y también los campesinos, beneficiarios que venden sus derecheras. Son varios los elementos que intervienen.
Cuando desde el Indert quisimos regularizar estos lotes, de los cuales se apropiaron personas no beneficiarias del Estatuto Agrario o que tenían lotes mayores a lo establecido por la Ley, estos mismos especuladores judicializaron los casos. Tuvimos casos en Canindeyú, en el asentamiento San Juan, donde recuperamos 160 lotes que no tenían títulos de propiedad, eran del Indert, pero estaban en manos de brasileños. Y los brasileños no tienen un lote cada uno, sino 10, 20, 30 lotes juntos en ese asentamiento, y varios más en otros, y así se van haciendo de grandes propiedades.
Hay sectores del Poder Judicial que obstaculizan la recuperación de estas tierras. No es todo el Poder Judicial, pero hay muchos fiscales y jueces implicados. Hay un poder económico por detrás, circula mucho el efectivo.
