En virtud del acuerdo
firmado este mes, antes de concluir el año un organismo gubernamental comprará
un solar de 14.404 hectáreas a dos empresas establecidas en Puerto Colón, cerca
de Concepción, en el departamento central de Presidente Hayes.
“Gracias a la presión
ejercida sobre las autoridades por Tierraviva y agentes internacionales, entre
otros, se ha alcanzado este acuerdo positivo para todas las partes.”
Durante dos decenios, unas
90 familias Sawhoyamaxa han librado una batalla legal para poder regresar a un
sector de sus tierras ancestrales mientras vivían en precarias condiciones
junto a una carretera cercana.
Años atrás se presentaron
terratenientes en el lugar para apropiarse de las tierras ancestrales de los
Sawhoyamaxa en la región del Chaco, junto al río Paraguay. Las familias
indígenas se desperdigaron por los ranchos de ganado particulares de las
inmediaciones, donde muchos de sus miembros sufrieron malos tratos y
explotación.
En 1991, la comunidad inició
el proceso legal de reclamación de una parte de sus tierras ancestrales.
Tras presentar formalmente
su reclamación, las condiciones de vida empeoraron para muchos de los miembros
de la comunidad que trabajaban en los ranchos y se vieron obligados a
establecer asentamientos improvisados junto a una carretera cercana.
Miembros de la comunidad
Sawhoyamaxa contaron a Amnistía Internacional que vivir en unas condiciones tan
precarias ponía en peligro tanto su seguridad como sus tradiciones, entre ellas
su lengua y sus vínculos a las tierras ancestrales. El acceso a la salud, la
alimentación y la educación ha sido escaso o nulo en estos asentamientos junto
a la carretera.
“Mi mayor deseo es regresar
a nuestra tierra y ver crecer a mis hijos lejos de la carretera y en mejores
condiciones” manifestó Carlos Marecos, líder de la comunidad, y añadió que
confiaba en que se llegaría a una solución satisfactoria y pidió al gobierno
que evitara demoras innecesarias.
En 2006, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos resolvió a favor de que se restituyeran sus
tierras ancestrales a los Sawhoyamaxa.
La Corte impuso también a
las autoridades paraguayas el pago de indemnizaciones a las familias de 19
miembros de la comunidad que habían sufrido una muerte evitable en los
asentamientos, y el Estado así lo ha hecho. Las autoridades deben establecer
además un fondo de un millón de dólares estadounidenses destinado al desarrollo
de la comunidad tras el retorno de los Sawhoyamaxa a sus tierras.
“Aunque aparentemente se ha
encontrado una solución razonable para restituir a los Sawhoyamaxa sus tierras
ancestrales, ahora queda lo más difícil, y las autoridades paraguayas deben
seguir hasta el final y garantizar el retorno sin demora de la comunidad a sus
tierras tradicionales” señaló Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa
de Amnistía Internacional para América.
“La resolución de la crisis
de las tierras de los Sawhoyamaxa demostrará que Paraguay empieza a acatar su
obligación internacional de respetar los derechos de los pueblos indígenas, y esperamos
que siente un positivo precedente para otras reclamaciones de tierras indígenas
no resueltas en el país.”
Téllez aseguró a Amnistía
Internacional que Tierraviva sigue trabajando con otras comunidades indígenas
en Paraguay, como la Enxet, para reclamar sus tierras ancestrales ocupadas en
la actualidad por terratenientes particulares.
Fuente:
www.amnesty.org
