(ABC) Luego de un intenso debate, la Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto que declara el estado de excepción en los departamentos de San Pedro y Concepción por el término de 60 días. El proyecto fue girado a la Cámara Baja, que deberá confirmar la aprobación.
El proyecto aprobado declara, en su artículo 1°, el estado de excepción en Concepción y San Pedro “por la grave conmoción interior generada por los grupos criminales que operan en la zona, poniendo en inminente peligro el funcionamiento regular de los órganos constitucionales, así como el resguardo de la vida, la libertad y los derechos de las personas y sus bienes”.
El planteo de incluir también al departamento de Amambay no prosperó, debido a que algunos legisladores señalaron que autoridades de ese departamento, incluyendo al senador Roberto Acevedo (PLRA), dijeron que no era necesario.
Durante el debate, algunos senadores, como los liberales Alfredo Jaeggli y Amancio López y los colorados Juan Carlos Galaverna y Julio César Velázquez, se opusieron a la aprobación, señalando sobre todo que representantes del Ejecutivo, entre ellos el ministro del Interior Carlos Filizzola, dijeron ayer mismo que no necesitaban de este mecanismo para realizar su labor. “No podemos ser más papistas que el Papa”, señaló Velázquez.
Jaeggli sostuvo que esta medida no servirá para combatir la inseguridad y que será impopular y puso como ejemplo lo ocurrido la vez anterior que se declaró el estado de excepción. Apuntó que el Ejecutivo tiene, sin necesidad de esta medida, todas las herramientas necesarias para actuar.
Varios senadores hicieron referencia al recordado enfrentamiento entre policías y militares que se produjo en la anterior oportunidad.
Sin embargo, otros senadores, como Miguel Carrizosa (PQ) y Óscar Denis (PLRA), expresaron que existía un temor generalizado en la población de la zona norte del país y un reclamo urgente de mayor seguridad. La senadora Ana Mendoza de Acha (PQ) señaló que había una situación de “terror” en la gente de la zona, especialmente por los últimos hechos ocurridos y que se sentían abandonadas por el Estado.
Respecto al plazo de vigencia del estado de excepción, se planteó que se extienda por 30 días, prorrogables posteriormente. Sin embargo, se impuso la postura de que sea por 60 días, el máximo posible que autoriza la Constitución.
Además de incluirse expresamente en un artículo que el estado de excepción no afectará la realización del referéndum, también se aclara en el proyecto que las personas detenidas durante la vigencia de esta medida excepcional, y que estén sometidas a proceso de investigación fiscal pendiente o incoado durante la vigencia del mismo, no podrán acogerse al beneficio de abandonar el país.
Aunque el proyecto figuraba como un agregado al orden del día de la sesión, la declaración del estado de excepción fue tratada como primer punto del orden del día, a propuesta del mismo presidente del Senado.
No a estatus de beligerancia
El artículo 4º del proyecto aprobado ayer señala que el Poder Ejecutivo, en ningún caso, podrá reconocer, durante la vigencia del estado de excepción, el estatus de beligerancia a personas o grupos de delincuentes cualquiera sea su denominación. Durante el debate, también hubo repetidas alusiones al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en tono de fuerte condena y repudio, sin excepciones. Los crímenes de este grupo fueron calificados de “repugnantes” y “sanguinarios” por los senadores del PLRA, la ANR, Unace, Patria Querida y Tekojoja que intervinieron ante el pleno de la Cámara.
El planteo de incluir también al departamento de Amambay no prosperó, debido a que algunos legisladores señalaron que autoridades de ese departamento, incluyendo al senador Roberto Acevedo (PLRA), dijeron que no era necesario.
Durante el debate, algunos senadores, como los liberales Alfredo Jaeggli y Amancio López y los colorados Juan Carlos Galaverna y Julio César Velázquez, se opusieron a la aprobación, señalando sobre todo que representantes del Ejecutivo, entre ellos el ministro del Interior Carlos Filizzola, dijeron ayer mismo que no necesitaban de este mecanismo para realizar su labor. “No podemos ser más papistas que el Papa”, señaló Velázquez.
Jaeggli sostuvo que esta medida no servirá para combatir la inseguridad y que será impopular y puso como ejemplo lo ocurrido la vez anterior que se declaró el estado de excepción. Apuntó que el Ejecutivo tiene, sin necesidad de esta medida, todas las herramientas necesarias para actuar.
Varios senadores hicieron referencia al recordado enfrentamiento entre policías y militares que se produjo en la anterior oportunidad.
Sin embargo, otros senadores, como Miguel Carrizosa (PQ) y Óscar Denis (PLRA), expresaron que existía un temor generalizado en la población de la zona norte del país y un reclamo urgente de mayor seguridad. La senadora Ana Mendoza de Acha (PQ) señaló que había una situación de “terror” en la gente de la zona, especialmente por los últimos hechos ocurridos y que se sentían abandonadas por el Estado.
Respecto al plazo de vigencia del estado de excepción, se planteó que se extienda por 30 días, prorrogables posteriormente. Sin embargo, se impuso la postura de que sea por 60 días, el máximo posible que autoriza la Constitución.
Además de incluirse expresamente en un artículo que el estado de excepción no afectará la realización del referéndum, también se aclara en el proyecto que las personas detenidas durante la vigencia de esta medida excepcional, y que estén sometidas a proceso de investigación fiscal pendiente o incoado durante la vigencia del mismo, no podrán acogerse al beneficio de abandonar el país.
Aunque el proyecto figuraba como un agregado al orden del día de la sesión, la declaración del estado de excepción fue tratada como primer punto del orden del día, a propuesta del mismo presidente del Senado.
No a estatus de beligerancia
El artículo 4º del proyecto aprobado ayer señala que el Poder Ejecutivo, en ningún caso, podrá reconocer, durante la vigencia del estado de excepción, el estatus de beligerancia a personas o grupos de delincuentes cualquiera sea su denominación. Durante el debate, también hubo repetidas alusiones al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en tono de fuerte condena y repudio, sin excepciones. Los crímenes de este grupo fueron calificados de “repugnantes” y “sanguinarios” por los senadores del PLRA, la ANR, Unace, Patria Querida y Tekojoja que intervinieron ante el pleno de la Cámara.
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