HORQUETA (ABC). Casi 200 policías del departamento de Concepción,
destacados en el área de influencia del EPP, advierten deserciones masivas si
no se modifica la Ley 2345, por la cual el Ministerio de Hacienda suprime las
pensiones para familiares de los agentes caídos en actos de servicio, como los
dos suboficiales acribillados en el ataque a la subcomisaría 10ª de Capitán
Giménez.
La concejala de Horqueta Clara Casco (PLRA), hermana del suboficial 2° Vicente Casco, uno de los fallecidos en el ataque a la subcomisaría 10ª de Capitán Giménez, declaró ayer a la prensa en su casa que al menos 200 policías se encuentran con la firme intención de abandonar la carrera, ya que sus familiares no obtendrían ningún beneficio en caso de morir en actos de servicio.
La edil de esta ciudad dijo que casi todos los suboficiales con menos de 10 años de antigüedad que combaten al EPP, en el primer departamento, están muy desmotivados, a raíz de que recién ahora trascendieron los alcances de la Ley 2345 de Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal-Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público. Esta ley dispone que los herederos de agentes fallecidos en actos de servicio no pueden acceder a la pensión vitalicia y una serie de beneficios más.
“Todos los camaradas de mi hermano me dijeron que están muy preocupados, que están dispuestos a morir por su bandera, pero no gratuitamente”, señaló Casco.
Los uniformados cuestionan que en caso de ser asesinados por el EPP, como Vicente Casco y Salbador Fernández, sus padres o esposas quedarán desamparados y desprotegidos por el Gobierno. “Es triste nuestra situación. Yo prefiero salir de la Policía y dedicarme a otra cosa. Mi muerte sería en vano”, indicó un suboficial en un retén en Horqueta.
En principio, ya había una firme decisión de los policías organizados para presentar una renuncia masiva, pero tras la intervención del suboficial Fermín De León, presidente de la Asociación 10 de Marzo de Asistencia Jurídica y de Salud del Personal de la Policía, las deserciones quedaron postergadas. Ahora, la estrategia es presentar este lunes un proyecto de modificación de ley, para que los herederos de todos los policías, sin importar los años de servicio, puedan quedarse con el sueldo completo y otros beneficios de los caídos.
En principio, los familiares de Vicente Casco y Salbador Fernández señalaron que solo iban a recibir G. 20 millones como una “indemnización honorífica”, pero ayer el Crio. Gral. Ismael Ferreira Acuña, director administrativo de la Policía, aseguró que en el caso de Casco, sus padres figuran como herederos, y en el caso de Fernández, su esposa. Ambos recibirán G. 35 millones por el seguro de vida como policías, dijo Acuña.
La concejala de Horqueta Clara Casco (PLRA), hermana del suboficial 2° Vicente Casco, uno de los fallecidos en el ataque a la subcomisaría 10ª de Capitán Giménez, declaró ayer a la prensa en su casa que al menos 200 policías se encuentran con la firme intención de abandonar la carrera, ya que sus familiares no obtendrían ningún beneficio en caso de morir en actos de servicio.
La edil de esta ciudad dijo que casi todos los suboficiales con menos de 10 años de antigüedad que combaten al EPP, en el primer departamento, están muy desmotivados, a raíz de que recién ahora trascendieron los alcances de la Ley 2345 de Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal-Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público. Esta ley dispone que los herederos de agentes fallecidos en actos de servicio no pueden acceder a la pensión vitalicia y una serie de beneficios más.
“Todos los camaradas de mi hermano me dijeron que están muy preocupados, que están dispuestos a morir por su bandera, pero no gratuitamente”, señaló Casco.
Los uniformados cuestionan que en caso de ser asesinados por el EPP, como Vicente Casco y Salbador Fernández, sus padres o esposas quedarán desamparados y desprotegidos por el Gobierno. “Es triste nuestra situación. Yo prefiero salir de la Policía y dedicarme a otra cosa. Mi muerte sería en vano”, indicó un suboficial en un retén en Horqueta.
En principio, ya había una firme decisión de los policías organizados para presentar una renuncia masiva, pero tras la intervención del suboficial Fermín De León, presidente de la Asociación 10 de Marzo de Asistencia Jurídica y de Salud del Personal de la Policía, las deserciones quedaron postergadas. Ahora, la estrategia es presentar este lunes un proyecto de modificación de ley, para que los herederos de todos los policías, sin importar los años de servicio, puedan quedarse con el sueldo completo y otros beneficios de los caídos.
En principio, los familiares de Vicente Casco y Salbador Fernández señalaron que solo iban a recibir G. 20 millones como una “indemnización honorífica”, pero ayer el Crio. Gral. Ismael Ferreira Acuña, director administrativo de la Policía, aseguró que en el caso de Casco, sus padres figuran como herederos, y en el caso de Fernández, su esposa. Ambos recibirán G. 35 millones por el seguro de vida como policías, dijo Acuña.
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