
A 21 años de la caída de la dictadura sigue la ausencia del Estado en Concepción y San Pedro, principalmente en las zonas de influencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Uno de los factores es la pobreza extrema y otro, la falta de asistencia oficial a los campesinos que reclaman mayor acción en salud, educación, seguridad y asistencia social.
A comienzos de este año, el Gobierno de Fernando Lugo declaró estado de excepción en cinco departamentos para intensificar la búsqueda y captura de los secuestradores del ganadero Luis Lindstron, Fidel Zavala y responsables de la muerte de Cecilia Cubas.
Tras una serie de críticas ante la falta de resultados de parte del Ministerio del Interior y la Policía, a partir de julio, las fuerzas públicas protagonizaron una serie de enfrentamientos que terminaron con la muerte de los principales cabecillas del EPP: Severiano Martínez (Chaco), Gabriel Zárate Cardozo (Canindeyú) y el último Nimio Cardozo Cáceres (Jhuguá Ñandú).
Los hechos marcan una fuerte represión policial, pero una tímida acción social que en reiteradas ocasiones solamente terminan en ayudas humanitarias ocasionales o asistencialismo. ÚH conversó con la ministra de Salud, Esperanza Martínez, y accedió a un resumen de las acciones que están realizando los distintos ministerios y las principales áreas sociales para marcar presencia del Estado en las zonas consideradas más vulnerables.
SALUD
Poco después de conocer la noticia del enfrentamiento ocurrido en Jhuguá Ñandú, la ministra Martínez manifestó que toda la zona de San Pedro y parte de Concepción tienen problemas de acceso en el área de salud. Refirió que existe una estratégica atención a las familias, que está llegando a la zona de Jhuguá Ñandú.
"Estamos por llegar a 30 que están instaladas y 10 previstas para fin de año. Hay que hacer un cambio estructural", enfatizó. Dijo que en la década de los 70 y 80 se construyeron puestos de salud con atención primaria, pero sin presencia médica.
Admitió que el cambio será más lento, pero señaló que no se puede seguir con las ayudas humanitarias ocasionales.
SOCIAL-EDUCATIVA.
La atención de la Secretaría de Acción social (SAS), a través del programa Tekoporã, es una de las más importantes en materia de ayuda a las familias pobres. La misma consiste en las transferencias monetarias y reforzar las actividades de apoyo socio-familiar a los beneficiados. En el departamento de Concepción hay 6.993 familias beneficiarias. De estas, 1.564 corresponden a la zona de Jhuguá Ñandú y unas 3.774 familias de Horqueta.
A ello se suma la asistencia que da la Secretaría de Emergencia Nacional con sus comedores que brindan alimentación a varias familias de escasos recursos.
En materia de Educación, el Ministerio está impulsando, desde hace 3 meses, el programa Escuela Viva II. Puntualmente en la zona de conflicto tienen a 5 escuelas que reciben la ayuda estatal. Inés Perrotta, directora general de Educación Inicial y Escolar Básica, explicó que en todo Concepción están atendiendo entre 120 a 130 escuelas rurales con equipamiento de bibliotecas, libros, infraestructura y asistencia técnico-pedagógica para los directores y padres de familia.
EN TEMA DE SEGURIDAD
Los pobladores de los departamentos afectados por la incursión del EPP, la comercialización de la droga y el contrabando, señalan constantemente que no hay presencia del Estado en materia de seguridad.
Sin embargo, el Ministerio del Interior informó que entregaron ya 1 ómnibus, 1 camión de carga, 20 camionetas y 20 motocicletas en todo el departamento de Concepción para contribuir con el combate a la delincuencia.
La inversión realizada por el ministro del Interior, Rafael Filizzola, en materia de infraestructura policial, es una de las más fuertes en comparación a los últimos años de la administración de los gobiernos colorados.
Fuente: Ultima hora digital
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