El Estado paraguayo ya había comprado en el 2012 unas 2000 hectáreas de tierra que la comunidad reclamaba como suya, pertenecientes al conocido empresario Osvaldo Domínguez Dibb.
Tras no llegar a un acuerdo, el Estado compró tierras alternativas en el Departamento de Presidente Hayes que fueron denunciadas como improductivas.
Esto es un hecho histórico para la comunidad, ya que la sentencia de la Corte Americana de Derechos Humanos fue en el 2005 y el Estado tenía un plazo de 3 años para cumplir con dicha sentencia, es decir, en el 2008 los indígenas ya tenían que tener sus tierras.
En 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a favor de la etnia yakye axa, que reclama la devolución de 14 mil hectáreas de sus tierras ancestrales adquiridas al Estado por la empresa El Algarrobal S.A. desde 2001.
Desde 2005 se observaron numerosas irregularidades en el proceso, tal como que peones de la compañía impidieron que observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegaran a las comunidades yakye axa y sawhoyamaxa en el Chaco paraguayo para verificar la situación de hostigamiento en que se encontraban.
Finalmente, el fallo a favor de la etnia demanda que los indígenas cuenten con agua potable y asistencia médica.
INFLUENCIA POLÍTICA
En este caso, la prensa del país apenas esbozó las fuertes sospechas de negociado entre el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y una firma vinculada al poderoso senador Jorge Oviedo Matto, hijo de Lino Oviedo, un exgeneral y político que participó en el golpe de Estado que derrocó al dictador Alfredo Stroessner y que fue acusado posteriomente de masacre de civiles y magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña. Esta influencia política aún se investiga.También el grupo del senador está siendo acusado por otros delitos relacionados con compra de tierras.
Sindicato repudia persecución a educadores
El sindicato de educadores Jekupytyrã repudia las acusaciones vertidas por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) contra docentes de San Pedro porque supuestamente incitan a alumnos y padres contra la producción de granos transgénicos, informaron medios locales.La ARP, Regional San Pedro, presentó una denuncia contra docentes ante el Ministro de Educación y Cultura por supuesta incitación a alumnos y padres a destruir y no permitir la producción de granos trangénicos en la zona.
Aseguran que “las viles acusaciones que se le atribuyen a estos dignos maestros de la patria son los mismos que se esgrimen en nuestro país para perseguir y eliminar a los luchadores del pueblo”.
Fuente: CIUDAD CCS
Tras no llegar a un acuerdo, el Estado compró tierras alternativas en el Departamento de Presidente Hayes que fueron denunciadas como improductivas.
Esto es un hecho histórico para la comunidad, ya que la sentencia de la Corte Americana de Derechos Humanos fue en el 2005 y el Estado tenía un plazo de 3 años para cumplir con dicha sentencia, es decir, en el 2008 los indígenas ya tenían que tener sus tierras.
En 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a favor de la etnia yakye axa, que reclama la devolución de 14 mil hectáreas de sus tierras ancestrales adquiridas al Estado por la empresa El Algarrobal S.A. desde 2001.
Desde 2005 se observaron numerosas irregularidades en el proceso, tal como que peones de la compañía impidieron que observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegaran a las comunidades yakye axa y sawhoyamaxa en el Chaco paraguayo para verificar la situación de hostigamiento en que se encontraban.
Finalmente, el fallo a favor de la etnia demanda que los indígenas cuenten con agua potable y asistencia médica.
INFLUENCIA POLÍTICA
En este caso, la prensa del país apenas esbozó las fuertes sospechas de negociado entre el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y una firma vinculada al poderoso senador Jorge Oviedo Matto, hijo de Lino Oviedo, un exgeneral y político que participó en el golpe de Estado que derrocó al dictador Alfredo Stroessner y que fue acusado posteriomente de masacre de civiles y magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña. Esta influencia política aún se investiga.También el grupo del senador está siendo acusado por otros delitos relacionados con compra de tierras.
Sindicato repudia persecución a educadores
El sindicato de educadores Jekupytyrã repudia las acusaciones vertidas por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) contra docentes de San Pedro porque supuestamente incitan a alumnos y padres contra la producción de granos transgénicos, informaron medios locales.La ARP, Regional San Pedro, presentó una denuncia contra docentes ante el Ministro de Educación y Cultura por supuesta incitación a alumnos y padres a destruir y no permitir la producción de granos trangénicos en la zona.
Aseguran que “las viles acusaciones que se le atribuyen a estos dignos maestros de la patria son los mismos que se esgrimen en nuestro país para perseguir y eliminar a los luchadores del pueblo”.
Fuente: CIUDAD CCS