En ese tiempo el gobernador era Emilio Pavón, quien luego renunció al cargo para candidatarse a la diputación del departamento norteño.
En cuanto al dinero, la Contraloría halló una diferencia de G. 508.098.477, casi el 41% del monto total contractual muestreado, de G. 1.229.500.596.
Los técnicos llegaron a la conclusión de que la Gobernación actuó en contra de sus propios intereses, pues además de la pérdida económica, existen serias deficiencias en las obras debido a que hay incumplimientos de las especificaciones técnicas en la ejecución, “acarreando con ello la provisión de productos y/o de servicios no acorde a lo ofertado”, amén de que “la ausencia de un estudio de factibilidad para las obras hizo que las mismas fueran adjudicadas y ejecutadas en condiciones desfavorables, específicamente en cuanto al terreno se refiere”.
Administración desorganizada
La Contraloría tampoco se guarda calificaciones a la hora de afirmar que todo esto ha pasado porque el control interno de la Gobernación, a nivel general, “presenta un manejo administrativo desorganizado”, y explica que esto se nota por ejemplo en la falta de asignación de responsabilidades, “recayendo la toma de todas las decisiones en la máxima autoridad”, que sería el gobernador, dejando al descubierto de paso “el desconocimiento de lo establecido en las legislaciones y normativas vigentes”.
Para sustentar las conclusiones emitidas, la Contraloría dio a conocer un informe final de 118 páginas, con imágenes de las diferentes obras, como por ejemplo la construcción del polideportivo cerrado de Azote’y, donde se verificó que la obra está paralizada, con materiales en estado de abandono, desmoronamiento del terreno en las bases y pilares y otras deficiencias. El informe también critica las condiciones en que se llevó a cabo un proyecto de empedrado en Horqueta.
Ante todo esto, la Contraloría dice que la Gobernación deberá “exigir por donde corresponda el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas y la reparación de los vicios detectados en la construcción”, además de penalizar las deficiencias y recurrir al ámbito judicial si surge responsabilidad civil o penal.
Fuente: ABC
