- Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos solicitaron a las autoridades una investigación profunda del procedimiento realizado en Kuruzu de Hierro semanas atrás y durante el cual perdieron la vida dos personas y una tercera resultó herida.
El Servicio de Paz y Justicia Paraguay (Serpaj) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) enviaron cartas a diferentes autoridades para exigir una investigación profunda del operativo realizado por efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) el pasado 5 de setiembre y durante el cual perdieron la vida dos personas y una tercera resultó gravemente herida.
Las misivas fueron entregadas al Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón; al Ministro del Interior, Francisco De Vargas; y al Ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia. Los documentos fueron redactados luego de una visita realizada por miembros de ambas organizaciones y la Pastoral Social Diocesana de Concepción a la zona en la que se desarrolló el operativo.
Las citadas organizaciones sociales aseguran que testimonios recabados en la zona no coinciden con la versión oficial en la que se hablaba de un enfrentamiento que derivó en la muerte de dos personas, por lo que consideran necesario que las instancias correspondientes del Estado profundicen una investigación sobre el procedimiento realizado por la FTC.
“Es importante expresar que, por supuesto corresponde que el Estado impulse investigaciones encaminadas a esclarecer y sancionar a personas y grupos responsables de hechos criminales. Sin embargo, en el proceso de investigación el Estado no puede cometer abusos, atropellos y otras violaciones de derechos humanos en contra de personas y/o comunidades donde se están realizando tales investigaciones”, afirman en un comunicado de prensa.
Señalan además que no corresponde que las Fuerzas Armadas participen en asuntos de seguridad interna, como ocurre desde agosto del año pasado principalmente en la zona de los departamentos de Concepción y San Pedro.
Ambas organizaciones repudiaron la criminalidad ejercida por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y por otros grupos que cometen hechos criminales. “Hacer frente a la criminalidad organizada requiere del diseño e implementación de una estrategia coordinada y efectiva por parte de los órganos estatales que tienen obligaciones constitucionales al respecto. Esta estrategia debe ser diseñada e implementada en el marco de la defensa y respeto irrestricto de los derechos humanos”, sentenciaron.
Las misivas fueron entregadas al Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón; al Ministro del Interior, Francisco De Vargas; y al Ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia. Los documentos fueron redactados luego de una visita realizada por miembros de ambas organizaciones y la Pastoral Social Diocesana de Concepción a la zona en la que se desarrolló el operativo.
Las citadas organizaciones sociales aseguran que testimonios recabados en la zona no coinciden con la versión oficial en la que se hablaba de un enfrentamiento que derivó en la muerte de dos personas, por lo que consideran necesario que las instancias correspondientes del Estado profundicen una investigación sobre el procedimiento realizado por la FTC.
“Es importante expresar que, por supuesto corresponde que el Estado impulse investigaciones encaminadas a esclarecer y sancionar a personas y grupos responsables de hechos criminales. Sin embargo, en el proceso de investigación el Estado no puede cometer abusos, atropellos y otras violaciones de derechos humanos en contra de personas y/o comunidades donde se están realizando tales investigaciones”, afirman en un comunicado de prensa.
Señalan además que no corresponde que las Fuerzas Armadas participen en asuntos de seguridad interna, como ocurre desde agosto del año pasado principalmente en la zona de los departamentos de Concepción y San Pedro.
Ambas organizaciones repudiaron la criminalidad ejercida por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y por otros grupos que cometen hechos criminales. “Hacer frente a la criminalidad organizada requiere del diseño e implementación de una estrategia coordinada y efectiva por parte de los órganos estatales que tienen obligaciones constitucionales al respecto. Esta estrategia debe ser diseñada e implementada en el marco de la defensa y respeto irrestricto de los derechos humanos”, sentenciaron.
Fuente: ABC
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