La ley que denuncian es la 5036 /13. Según un informe emitido por Serpaj Py, esta ley ha permitido que desde el año 2013 sean desplegados numerosos elementos de combate de las Fuerzas Armadas en los territorios de San Pedro, Concepción y Amambay, violando así lo establecido por la Constitución Nacional, en la cual se expresa que las atribuciones de seguridad interna son exclusivas de la Policía Nacional.
La iniciativa es llevada adelante por los ciudadanos Ramón Denis Cardozo, Ignacio Sosa Ortega y Epifanio Cabañas, pobladores de Colonia Oñondivepá, Nueva Germania, en el departamento de San Pedro. Estos vecinos refieren que sufrieron atropellos y agresiones en un operativo de la Fuerza de Tareas Conjuntas entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de setiembre de 2013.
Por otro lado, Gumersindo Toledo, habitante del asentamiento de Arroyito, departamento de Concepción, relató que fue víctima de torturas, golpes e incluso simulacros de asfixia por parte de miembros de la FTC en octubre de 2014. “Esta ley es a todas luces inconstitucional, pues colisiona con los artículos 173 y 175 de la Constitución Nacional”, señaló el abogado Alberto Simón, representante de estos pobladores, en conversación con ABC Color.
Los pobladores que llevan adelante este pedido de inconstitucionalidad cuentan con el respaldo del Servicio de Paz y Justicia Paraguay (Serpaj Py) una organización de Derechos Humanos que trabaja en la promoción y el desarrollo de una cultura de paz, fortaleciendo grupos, comunidades y organizaciones sociales, a través de la no violencia activa.
La iniciativa es llevada adelante por los ciudadanos Ramón Denis Cardozo, Ignacio Sosa Ortega y Epifanio Cabañas, pobladores de Colonia Oñondivepá, Nueva Germania, en el departamento de San Pedro. Estos vecinos refieren que sufrieron atropellos y agresiones en un operativo de la Fuerza de Tareas Conjuntas entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de setiembre de 2013.
Por otro lado, Gumersindo Toledo, habitante del asentamiento de Arroyito, departamento de Concepción, relató que fue víctima de torturas, golpes e incluso simulacros de asfixia por parte de miembros de la FTC en octubre de 2014. “Esta ley es a todas luces inconstitucional, pues colisiona con los artículos 173 y 175 de la Constitución Nacional”, señaló el abogado Alberto Simón, representante de estos pobladores, en conversación con ABC Color.
Los pobladores que llevan adelante este pedido de inconstitucionalidad cuentan con el respaldo del Servicio de Paz y Justicia Paraguay (Serpaj Py) una organización de Derechos Humanos que trabaja en la promoción y el desarrollo de una cultura de paz, fortaleciendo grupos, comunidades y organizaciones sociales, a través de la no violencia activa.
ABC
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