(ABC)
Probablemente muy a pesar suyo, el presidente Lugo se vio en la obligación de
promulgar la ley que dispone el estado de excepción en los departamentos de San
Pedro y Concepción. Actuar en contrario hubiera significado ahondar en la
población la percepción de que él no tiene ninguna intención de combatir al
autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
No obstante, más allá de los gestos, los
mensajes cifrados y la sobreactuación, ahora sabremos si este Gobierno tiene
realmente la voluntad política de sofocar por completo el accionar de los violentos.
Es de capital importancia que el Presidente de la República asuma posturas
claras y determinantes.
Probablemente muy a
pesar suyo, el presidente Fernando Lugo se vio en la obligación de promulgar la
ley que dispone el estado de excepción en los departamentos de San Pedro y
Concepción. Actuar en contrario hubiera significado ahondar en la población la
percepción de que él no tiene ninguna intención de combatir al autodenominado
Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). No obstante, más allá de los gestos, los
mensajes cifrados y la sobreactuación, ahora sabremos si este Gobierno tiene
realmente la voluntad política de sofocar por completo el accionar de los
violentos.
En sí mismo y a la luz de la experiencia vivida en
abril de 2010, no es seguro que el estado de excepción constituya un
instrumento válido para combatir al EPP en la zona norte del país. De hecho, se
parece más a una respuesta política efectista que a cualquier otra cosa. Se
trata de una forma de justificarse ante la ciudadanía, haciéndole creer que
algo se está haciendo para darle un tratamiento adecuado a la tan grave
cuestión.
Desde el punto de vista legal, el artículo 288 de
nuestra Ley Fundamental estipula que el estado de excepción puede ser declarado
“en caso de conflicto armado internacional (…) o de grave conmoción interior
que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el
funcionamiento regular de los órganos creados por ella”.
En esta ocasión el Congreso Nacional declaró
nuevamente el estado de excepción y el Poder Ejecutivo ratificó la decisión. No
contento con ello, el Presidente ordenó una aparatosa y rocambolesca
movilización de fuerzas militares rumbo al norte del país. Vehículos blindados
Urutú, camiones y efectivos fueron despedidos del Comando del Ejército al son
de marchas militares y con un encendido discurso del comandante operacional,
general de brigada Félix Pedrozo Moreno.
Al observar las imágenes del evento, cualquiera
diría que los militares se estaban preparando para hacer frente a un ataque
bélico de proporciones considerables, más que para contener y eliminar el
accionar violento de un grupúsculo de fanatizados delincuentes. ¿Irán acaso a
internarse los Urutú en los frondosos montes del norte para buscar y capturar a
los miembros del EPP? Es probable que los criminales los esperen sentados
tomando tereré. Todo este pomposo operativo parece tener por objetivo más bien
distraer a la opinión pública con la intención de hacerle creer que el Gobierno
se está “ocupando del tema” como corresponde.
Se confía en la capacidad tanto del general Félix
Pedrozo como del nuevo jefe de Policía de Concepción, comisario principal
Antonio Gamarra. Sin embargo, si la preparación y la eficiencia de los mismos
no van acompañadas de una indubitable voluntad política expresada por el
comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, el propio Lugo, para
enfrentar con éxito el desafío, el estado de excepción pasará sin pena ni
gloria, la zona continuará aterrorizada y dentro de unos pocos meses la ciudadanía
continuará lamentando la pérdida de jóvenes vidas de
policías.
Para evitarlo, es de capital importancia que el
Presidente de la República asuma posturas claras y determinantes. Es impropio e
inaceptable de su parte, por ejemplo, recurrir a excusas fáciles para desviar
la atención o atenuar su responsabilidad en esta grave materia. Esto acontece
cuando él o la gente de su entorno alegan que el EPP es un tema “heredado del
pasado” o que ningún otro gobierno hizo tanto como el de ellos para enfrentar a
los violentos.
Todos los gobernantes heredan algo, mucho o poco, de
los anteriores, pero para eso justamente fueron electos por el pueblo, para
acometer con más eficiencia y coraje la solución de esos problemas, no para que
se parapeten cobardemente detrás de argumentos y pretextos infantiles. Si de
lamentarse nomás se tratara, podríamos encontrar dificultades “heredadas” desde
el mismo día en que el Paraguay fue descubierto.
Lo que de una vez por todas la ciudadanía espera
de Fernando Lugo es que se ponga los pantalones de un gobernante responsable y
que asuma la más alta conducción política del país, demostrando en este caso
que tiene la real determinación y la más inequívoca voluntad de suprimir la
violencia que desde hace años se ha instalado y azota al norte del país. Sus
subalternos en la cadena de mando castrense no deberían abrigar la más mínima
duda al respecto; de lo contrario, todo esto no pasará de ser el montaje vulgar
de una comedia de baja categoría.
