Al poco tiempo del inicio de los trabajos para la futura pavimentación asfáltica, las empresas constructoras que fueron adjudicadas por el MOPC ya formularon quejas por problemas en la liberación de la franja de dominio. Sobre el particular las contratistas coincidieron en que este tipo de problemas ya es normal que se presenten en los emprendimientos viales, por lo que reclamaron a las autoridades de la cartera dar un corte definitivo, señalando que es uno de los principales responsables del atraso en el calendario de trabajos y de los sobrecostos de las obras.
La pavimentación asfáltica del desastroso ramal que une la capital departamental con el municipio en donde se encuentra instalada la cementera nacional cuenta con la financiación del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem). La inversión prevista está en el orden de los US$ 100.000.000 y las obras están divididas en tres tramos.
La primera sección está a cargo del Consorcio Tagatiya, integrado por la empresa argentina CCI y tres firmas paraguayas: Edivisa (Emilio Díaz de Vivar), Viviendas Paraguayas (Oscar Rubiani) y Chávez Haussman Construcciones (Miguel Angel Chávez).
La ejecución del tramo 2 fue encomendada a T&C (Francisco Griñó) y la última sección a la empresa Benito Roggio e Hijos (Oscar Franco), la misma que se viene encargando en estos momentos de la reconstrucción del tramo Pozo Colorado-Concepción, con otras constructoras.
Además de las tareas de relevamiento topográfico, de laboratorio, estudio de suelo, estudio de canteras adyacentes e instalación de los campamentos, las contratistas se están ocupando de las obras preliminares.
El Consorcio Tagatiya presupuestó el primer tramo, de 51 kilómetros, que arranca en Concepción, en G. 134.889.690.164. Por su parte, T&C construirá el segundo tramo, de 60,63 kilómetros, a un costo de G. 167.500.108.748; y Benito Roggio, el tercer tramo, de 58,2 kilómetros, en G. 147.208.569.116. En todos los casos el plazo contractual es de 30 meses.
“No se justifican estos casos”
“Más que franja de dominio, allí existe un problema de liberación de franja de trabajo. Lamentamos que tengamos en estos momentos poca cooperación de los sectores que más se van a beneficiar con esta ruta y, concretamente, tenemos algunas dificultades, por ejemplo, el caso concreto de Gildo Porto Guerra, del establecimiento Belho Horizonte (ubicado en el tramo dos de la obra), que, inexplicablemente, por lo menos los administradores, presentan una serie de obstáculos al trabajo”, se quejó el ministro de Obras.
“Aquí, reivindicando pagos, indemnizaciones por préstamos, discutiendo puntos del trazado mismo, están entorpeciendo el normal desarrollo de las actividades de la contratistas. Y nosotros, en estos momentos, no podemos perder el tiempo, dejar de realizar las tareas programadas con anterioridad y previstas por la empresa que tiene a su cargo el tramo, de modo que tendremos que imprimir algunos trámites para superar urgentemente el problema”, agregó.
“Realmente todo esto nos resulta incomprensible. Que de quienes más se van a beneficiar con estas infraestructuras vengan las barreras o obstáculos y que estarán causando tremendos perjuicios al Estado paraguayo”, alegó.
“Se justificaría este tipo de acciones en el caso de las pequeñas fincas. Pero no se justifican en los casos del tramo Concepción-Vallemí, donde en primer lugar tenemos fincas de 15.000 hectáreas, en las que no existirán un impacto perjudicial para los dueños, sino, muy por contrario, serán los grandes beneficiarios y sin aportar un céntimo para la obra”, finalizó el ministro.
