(ABC) El Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley que amplía la superficie del Parque Nacional Paso Bravo, en el departamento de Concepción. Se teme la presión que pueda ejercer el Indert en procura de lograr el veto del Poder Ejecutivo. Promulgación de la ley permitirá resguardar el área protegida de intentos de colonización.
El Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley que amplía la superficie del Parque Nacional Paso Bravo, ubicado en el departamento de Concepción.Ambas cámaras del Parlamento coincidieron en incluir dentro del parque nacional una superficie de siete mil hectáreas, ubicadas entre los arroyos Blandengue y Corralito, en el límite suroeste del área protegida.
La fracción de siete mil hectáreas, por un error en la tarea de mensura, quedó fuera del parque nacional y el proyecto de ley tiene como objetivo subsanar el equívoco.
De este modo, el lote ubicado entre los arroyos Corralito y Blandengue podrá ser incorporado a Paso Bravo.
El documento aprobado por el Congreso permitirá dar cumplimiento al Decreto 20172/98 de creación del parque nacional que estableció una superficie de 100.000 hectáreas, pero que debido al error en la mensura quedó reducido en 93.000 hectáreas.
Protección al parque
El artículo 2 del proyecto de ley expresa: “Las tierras afectadas por esta declaración serán consideradas patrimonio inalienable a perpetuidad del Estado, bajo la responsabilidad y administración de la Secretaría del Ambiente; esta deberá iniciar la mensura, el deslinde y el amojonamiento del Parque Nacional Paso Bravo en un plazo no mayor a los sesenta días, a partir de la publicación de la presente ley”.
Otra tarea asignada a la Secretaría del Ambiente es la realización de un plan de manejo del parque nacional, en un plazo no mayor a 12 meses.
El documento debe incluir la delimitación de una zona de amortiguamiento, de tal manera a imponer las restricciones legales previstas en la Ley 352.
De esta manera, los parlamentarios pretenden que las propiedades lindantes con el parque formen parte de un esquema de protección al área.
El artículo 5 del proyecto de ley expresa lo siguiente: “El ámbito de aplicación se extenderá a la zona de amortiguamiento que determine el plan de manejo. La eventual imposición de la pena allí prevista lo será sin perjuicio de otras sanciones penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder. Todo daño al Parque Nacional Paso Bravo importará la obligación primordial de recomponer o indemnizar”.
Conflicto con el IndertOtra tarea asignada a la Secretaría del Ambiente es la realización de un plan de manejo del parque nacional, en un plazo no mayor a 12 meses.
El documento debe incluir la delimitación de una zona de amortiguamiento, de tal manera a imponer las restricciones legales previstas en la Ley 352.
De esta manera, los parlamentarios pretenden que las propiedades lindantes con el parque formen parte de un esquema de protección al área.
El artículo 5 del proyecto de ley expresa lo siguiente: “El ámbito de aplicación se extenderá a la zona de amortiguamiento que determine el plan de manejo. La eventual imposición de la pena allí prevista lo será sin perjuicio de otras sanciones penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder. Todo daño al Parque Nacional Paso Bravo importará la obligación primordial de recomponer o indemnizar”.
El Congreso estableció una suerte de blindaje en procura de proteger al parque nacional. Los artículos transcriptos reflejan la voluntad de evitar la destrucción del área.
Las tierras de Paso Bravo son objeto de una sorda disputa entre la Secretaría del Ambiente y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert): mientras la primera intenta resguardarla, la segunda institución busca lotear las siete mil hectáreas entre supuestos campesinos sin tierra de Concepción.
El actual presidente del Indert, Marciano Barreto, fue titular de la Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Irónicamente se muestra en favor de colonizar un sector lindante con el parque nacional.
La fracción de siete mil hectáreas, bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, fue entregada al diputado Magdaleno Silva, quien se declaró sujeto de la reforma agraria.
El diputado Silva llegó a ingresar en el predio, donde construyó una vivienda y taló una buena partida de árboles. La madera no logró comercializarla, ante una intervención del Ministerio Público.
Aunque Nicanor Duarte Frutos intentó defender a Magdaleno Silva, la presión de la opinión pública y una serie de reportajes en ABC Color lograron que el diputado abandone el área de reserva.
Con posterioridad, un grupo de supuestos campesinos sin tierra ingresó también al sitio, con la misma intención, atropellando propiedades privadas para llegar hasta el arroyo Corralito.
El entonces titular del Indert, Eusebio Alonso Massare, mantuvo una postura contraria y la invasión no prosperó.
Ahora aparece Marciano Barreto como el supuesto responsable de ejercer presión para lograr el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley.
La promulgación de la ley permitirá cerrar un capítulo de incertidumbre en torno al Parque Nacional Paso Bravo.
Las tierras de Paso Bravo son objeto de una sorda disputa entre la Secretaría del Ambiente y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert): mientras la primera intenta resguardarla, la segunda institución busca lotear las siete mil hectáreas entre supuestos campesinos sin tierra de Concepción.
El actual presidente del Indert, Marciano Barreto, fue titular de la Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Irónicamente se muestra en favor de colonizar un sector lindante con el parque nacional.
La fracción de siete mil hectáreas, bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, fue entregada al diputado Magdaleno Silva, quien se declaró sujeto de la reforma agraria.
El diputado Silva llegó a ingresar en el predio, donde construyó una vivienda y taló una buena partida de árboles. La madera no logró comercializarla, ante una intervención del Ministerio Público.
Aunque Nicanor Duarte Frutos intentó defender a Magdaleno Silva, la presión de la opinión pública y una serie de reportajes en ABC Color lograron que el diputado abandone el área de reserva.
Con posterioridad, un grupo de supuestos campesinos sin tierra ingresó también al sitio, con la misma intención, atropellando propiedades privadas para llegar hasta el arroyo Corralito.
El entonces titular del Indert, Eusebio Alonso Massare, mantuvo una postura contraria y la invasión no prosperó.
Ahora aparece Marciano Barreto como el supuesto responsable de ejercer presión para lograr el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley.
La promulgación de la ley permitirá cerrar un capítulo de incertidumbre en torno al Parque Nacional Paso Bravo.
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