El Ejército del
Pueblo Paraguayo demostró una vez más al Gobierno que tiene bajo su control la
zona norte del país, tras el rotundo fracaso del segundo estado de excepción
para desbaratar al grupo armado. Antes que intimidarse y retroceder, el EPP
provocó a las fuerzas de seguridad durante toda la misión conjunta. Ahora, las
probabilidades de seguridad se ven incluso mucho más remotas que antes, con la
retirada de los militares de la zona y el abandono a su suerte de la gente
inocente que convive con los secuestradores.
El segundo estado de
excepción en poco más de tres años de gestión de Fernando Lugo resultó más un
derroche de recursos antes que una misión determinante para erradicar a los
secuestradores de la zona norte.
El asesinato de los suboficiales Vicente Ignacio
Casco Vargas (30) y Salbador Fernández Fernández (28), ocurrido el 21 de
setiembre pasado en un ataque a la subcomisaría 10ª de Capitán Giménez,
Horqueta, precipitó en el Congreso el estudio de la implementación de la
medida, que sin embargo fue confirmada solo después del otro ataque a tiros del
EPP a la misma unidad policial, el 5 de octubre.
El 10 de octubre, el presidente Lugo promulgó el
decreto y casi todos los recursos disponibles de las fuerzas militares fueron
enviados al norte para reforzar la labor de la Policía.
Fueron 60 días de una misión conjunta ejecutada
por militares y policías, a cargo del general de Brigada Félix Pedrozo y el
comisario general Aldo Pastore. La última operación entre ambas fuerzas había
sido marcada por un feroz enfrentamiento en Hugua Ñandu.
Tanques Cascavel, tanquetas Urutu, helicópteros,
avionetas, vehículos blindados y hombres armados con fusiles y municiones
a discreción no fueron suficientes para localizar y exterminar a un insignificante
grupo de no más de 10 criminales extremistas que mantienen en zozobra a toda la
zona norte de Paraguay desde hace varios años.
Entonces, ante el pomposo despliegue estatal y
el rotundo fracaso, una vez más gana fuerza la hipótesis de una falta de
voluntad para acabar con los secuestradores.
Todos apuntan al presidente Fernando Lugo, a
quien su mismo vicepresidente, Federico Franco, acusó de mantener vínculos con
los subversivos.
Último ataque
El último ataque
atribuido al EPP en el retiro San Antonio de la estancia La Blanca de Hugua
Ñandu, el tercero en pocas semanas al mismo establecimiento, hace suponer que
el primer anillo nunca salió de dicha zona y que los militares y policías
mintieron al afirmar que no los encontraban porque se dispersaron y huyeron de
Concepción.
Además, en un desafiante comunicado difundido
tras el cese de la misión conjunta, los secuestradores revelaron que nunca
abandonaron los montes y que las fuerzas de seguridad no se atrevieron a
ingresar tras ellos por miedo.
Finalmente, el gobierno de Lugo debe explicar si
realmente desea eliminar al Ejército del Pueblo Paraguayo o si el pueblo
norteño seguirá sometido al régimen de violencia y terror iniciado por el grupo
armado.
