El fiscal anticorrupción Martín Cabrera explicó que acudieron tras la denuncia de una mujer que relató que habrían intentado adjudicarle una propiedad de la Municipalidad de Horqueta (Concepción) a 82 familias de esa ciudad.
Las familias, que pertenecen a la comisión vecinal Sagrada Familia, realizaron trámites para acceder a un inmueble del cual le correspondería a cada una 360 metros cuadrados.
Los afectados, que son de origen humilde, incluso ya habían pagado entre G. 5 y 7 millones por cada lote, que finalmente no podrán ser adjudicados.
El agente del Ministerio Público indicó que estos títulos se expidieron en el 2012, bajo las administraciones de los ex titulares Marciano Barreto, Emilio Camacho y Luis Ortigoza.
Doble titulación. Los documentos son inválidos, debido a que existe una sentencia definitiva del año 1985, cotejada con los registros de la Dirección Nacional de Catastro, que certifica que la propiedad es de la Comuna local y no del ente agrario.
Para este circuito de estafa a los miembros de la comisión vecinal habrían sido cómplices la Dirección Regional de Concepción, que suscribió la solicitud; la Asesoría Jurídica, que dio el visto bueno a la situación del lote; el Registro del Beneficiario, donde se confeccionaron los títulos inválidos, además del personal enviado a realizar la verificación del inmueble.
“Los funcionarios que certificaron que la tierras estaban aptas para ser adjudicadas serán los responsables de una documentación de contenido no auténtico”, indicó el fiscal interviniente. Agregó que funcionarios de la dirección intervenida incluso habían solicitado una coima de G. 3.000.000 para elaborar los títulos de propiedad. Pero no quiso adelantar los nombres de los denunciados, por motivos de “reserva de la investigación”.
No descartó imputar además a los responsables de las demás direcciones del caso que es investigado, como producción de documentos no auténticos.
El director de Registro del Beneficiario, Luis Alberto Reguera, indicó que colaborarán para esclarecer el caso.
Reunión. Ayer mantuvieron una segunda reunión el saliente presidente del ente agrario Juan Carlos Ramírez Montalbetti con su sucesor Pedro López Ibieta. Aprovecharon la misma para realizar el corte administrativo.
Fuente: UH
Las familias, que pertenecen a la comisión vecinal Sagrada Familia, realizaron trámites para acceder a un inmueble del cual le correspondería a cada una 360 metros cuadrados.
Los afectados, que son de origen humilde, incluso ya habían pagado entre G. 5 y 7 millones por cada lote, que finalmente no podrán ser adjudicados.
El agente del Ministerio Público indicó que estos títulos se expidieron en el 2012, bajo las administraciones de los ex titulares Marciano Barreto, Emilio Camacho y Luis Ortigoza.
Doble titulación. Los documentos son inválidos, debido a que existe una sentencia definitiva del año 1985, cotejada con los registros de la Dirección Nacional de Catastro, que certifica que la propiedad es de la Comuna local y no del ente agrario.
Para este circuito de estafa a los miembros de la comisión vecinal habrían sido cómplices la Dirección Regional de Concepción, que suscribió la solicitud; la Asesoría Jurídica, que dio el visto bueno a la situación del lote; el Registro del Beneficiario, donde se confeccionaron los títulos inválidos, además del personal enviado a realizar la verificación del inmueble.
“Los funcionarios que certificaron que la tierras estaban aptas para ser adjudicadas serán los responsables de una documentación de contenido no auténtico”, indicó el fiscal interviniente. Agregó que funcionarios de la dirección intervenida incluso habían solicitado una coima de G. 3.000.000 para elaborar los títulos de propiedad. Pero no quiso adelantar los nombres de los denunciados, por motivos de “reserva de la investigación”.
No descartó imputar además a los responsables de las demás direcciones del caso que es investigado, como producción de documentos no auténticos.
El director de Registro del Beneficiario, Luis Alberto Reguera, indicó que colaborarán para esclarecer el caso.
Reunión. Ayer mantuvieron una segunda reunión el saliente presidente del ente agrario Juan Carlos Ramírez Montalbetti con su sucesor Pedro López Ibieta. Aprovecharon la misma para realizar el corte administrativo.
Fuente: UH
