Se rastrearon los teléfonos y se comprobó que las llamadas provenían de la cárcel de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Un joven y dos mujeres, en connivencia con dos reclusos de la penitenciaría, se encargaban de perpetrar las extorsiones en el Norte, según la investigación.
Luego de días de investigación, la Policía y la Fiscalía desbarataron una supuesta banda que se dedicaba a extorsionar a comerciantes del departamento de Concepción. Los uniformados detuvieron a Cristian Torales Cuevas (19), Gloria Mabel Mongelós (19) e Isabel Gayoso (48), refirió el informe policial.
En la cárcel de Pedro Juan Caballero la Policía individualizó a los convictos Walter Souza y Gregorio Cuevas como las personas que hacían las llamadas. Por estrategia judicial no fueron imputados, pero a cambio de ser testigos en la causa, según fuentes de la investigación.
El primer caso denunciado ocurrió el 28 de abril pasado en la ciudad de Vallemí, departamento de Concepción, cuando una mujer recibió una llamada en donde una voz masculina le pidió G. 300.000 para no matar a su hijo menor. El hombre manejaba todos los datos sobre la familia.
La víctima contó a la Policía que días antes de la extorsión llamó una persona a la línea baja de su casa, haciéndose pasar por director de Copaco de Concepción. El hombre le pidió todos los datos posibles, porque lo que creyó que se trató del mismo extorsionador.
A partir de esa fecha sucedieron una gran cantidad de llamadas extorsivas pero con una nueva particularidad: todos se hicieron pasar por Manuel Cristaldo Mieres, líder del EPP y uno de los hombres más buscados por la justicia paraguaya.
En la mayoría de las llamadas el “Manuel Cristaldo Mieres” pidió a sus víctimas la suma de G. 10.000.000, pero en otros la suma varió, por ejemplo G. 20.000.000 y G. 5.000.000. La rebaja llegó a G. 500.000 e incluso en similar cantidad pero en saldo para teléfono celular.
Las amenazas de muerte a los miembros de la familia eran usadas por el hombre que realizaba las extorsiones. A esto se le sumó que el nombre de Cristaldo Mieres infundía miedo en los afectados, por lo que el delito casi era un éxito.
Algunos pagaron las extorsiones, otros hicieron préstamos para abonar y el resto denunció el caso a la Policía. El dinero llegaba a los extorsionadores mediantes giros Tigo.
Operativo
La serie de denuncias en donde aparecía Cristaldo Mieres movilizó al departamento de Antisecuestro de la Policía (DASP) y a la Jefatura policial de Concepción.
Los investigadores rastrearon las llamadas y sus secuencias, hasta que el 22 de mayo pasado llegaron a una estación de servicios de Pedro Juan Caballero, donde justamente un joven de 19 años trabajaba. Es Cristian Cuevas, cuyo tío Gregorio Cuevas está en la cárcel.
Al verse rodeado de la Policía enseguida reconoció que estaba implicado en el caso de la extorsión y mencionó a los dos convictos como cómplices. Los uniformados se dirigieron a la cárcel con una orden judicial y catearon la celda de los dos reos mencionados, donde encontraron tres aparatos celulares y dos chips de las líneas Tigo y Personal respectivamente.
Los intervinientes averiguaron quiénes activaron los chips y así llegaron en la tarde del 22 de mayo hasta una vivienda ubicada en el barrio San Luis de Pedro Juan Caballero, donde detuvieron a Gloria Mongelós y a Isabel Gayoso.
Las dos mujeres activaron los chips, por lo que la Policía presume que se trata de la misma gavilla. Así fue que la Policía desarticuló una banda que supuestamente sacó ventaja del temor que muchas personas tienen al EPP.
El fiscal Celso René Morales los imputó por extorsión, extorsión grave y asociación criminal. Todos están en la cárcel regional de Concepción.
El trabajo desplegado por el comisario Antonio Gamarra, la precisión de Antisecuestro de la Policía, el apoyo de la Jefatura del Amambay y la acertada decisión de las víctimas de denunciar las extorsiones fueron fundamentales para sacar de circulación a la mencionada banda.
El representante del Ministerio Público tiene seis meses de plazo para presentar la acusación o sobreseimiento en la causa.
Los imputados, en caso de ser encontrados culpables, se exponen a un castigo que va de cinco a diez años de cárcel, atendiendo a que se encuentran procesados por tres delitos, según la investigación inicial.
Fuente:ABC Color
Luego de días de investigación, la Policía y la Fiscalía desbarataron una supuesta banda que se dedicaba a extorsionar a comerciantes del departamento de Concepción. Los uniformados detuvieron a Cristian Torales Cuevas (19), Gloria Mabel Mongelós (19) e Isabel Gayoso (48), refirió el informe policial.
En la cárcel de Pedro Juan Caballero la Policía individualizó a los convictos Walter Souza y Gregorio Cuevas como las personas que hacían las llamadas. Por estrategia judicial no fueron imputados, pero a cambio de ser testigos en la causa, según fuentes de la investigación.
El primer caso denunciado ocurrió el 28 de abril pasado en la ciudad de Vallemí, departamento de Concepción, cuando una mujer recibió una llamada en donde una voz masculina le pidió G. 300.000 para no matar a su hijo menor. El hombre manejaba todos los datos sobre la familia.
La víctima contó a la Policía que días antes de la extorsión llamó una persona a la línea baja de su casa, haciéndose pasar por director de Copaco de Concepción. El hombre le pidió todos los datos posibles, porque lo que creyó que se trató del mismo extorsionador.
A partir de esa fecha sucedieron una gran cantidad de llamadas extorsivas pero con una nueva particularidad: todos se hicieron pasar por Manuel Cristaldo Mieres, líder del EPP y uno de los hombres más buscados por la justicia paraguaya.
En la mayoría de las llamadas el “Manuel Cristaldo Mieres” pidió a sus víctimas la suma de G. 10.000.000, pero en otros la suma varió, por ejemplo G. 20.000.000 y G. 5.000.000. La rebaja llegó a G. 500.000 e incluso en similar cantidad pero en saldo para teléfono celular.
Las amenazas de muerte a los miembros de la familia eran usadas por el hombre que realizaba las extorsiones. A esto se le sumó que el nombre de Cristaldo Mieres infundía miedo en los afectados, por lo que el delito casi era un éxito.
Algunos pagaron las extorsiones, otros hicieron préstamos para abonar y el resto denunció el caso a la Policía. El dinero llegaba a los extorsionadores mediantes giros Tigo.
Operativo
La serie de denuncias en donde aparecía Cristaldo Mieres movilizó al departamento de Antisecuestro de la Policía (DASP) y a la Jefatura policial de Concepción.
Los investigadores rastrearon las llamadas y sus secuencias, hasta que el 22 de mayo pasado llegaron a una estación de servicios de Pedro Juan Caballero, donde justamente un joven de 19 años trabajaba. Es Cristian Cuevas, cuyo tío Gregorio Cuevas está en la cárcel.
Al verse rodeado de la Policía enseguida reconoció que estaba implicado en el caso de la extorsión y mencionó a los dos convictos como cómplices. Los uniformados se dirigieron a la cárcel con una orden judicial y catearon la celda de los dos reos mencionados, donde encontraron tres aparatos celulares y dos chips de las líneas Tigo y Personal respectivamente.
Los intervinientes averiguaron quiénes activaron los chips y así llegaron en la tarde del 22 de mayo hasta una vivienda ubicada en el barrio San Luis de Pedro Juan Caballero, donde detuvieron a Gloria Mongelós y a Isabel Gayoso.
Las dos mujeres activaron los chips, por lo que la Policía presume que se trata de la misma gavilla. Así fue que la Policía desarticuló una banda que supuestamente sacó ventaja del temor que muchas personas tienen al EPP.
El fiscal Celso René Morales los imputó por extorsión, extorsión grave y asociación criminal. Todos están en la cárcel regional de Concepción.
El trabajo desplegado por el comisario Antonio Gamarra, la precisión de Antisecuestro de la Policía, el apoyo de la Jefatura del Amambay y la acertada decisión de las víctimas de denunciar las extorsiones fueron fundamentales para sacar de circulación a la mencionada banda.
El representante del Ministerio Público tiene seis meses de plazo para presentar la acusación o sobreseimiento en la causa.
Los imputados, en caso de ser encontrados culpables, se exponen a un castigo que va de cinco a diez años de cárcel, atendiendo a que se encuentran procesados por tres delitos, según la investigación inicial.
Fuente:ABC Color
No hay comentarios:
Publicar un comentario