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26 ene 2014

Irregularidades de distribución de subsidios a la Fiscalia

  • El fiscal René Fernández analiza una serie de documentos remitidos por la Contraloría General de la República que evidencian cómo los recursos del Programa Tekoporã, en vez de paliar situaciones de extrema pobreza, fueron a engrosar la renta de familias con suficiencia económica.
Fiscal Rene Fernandez
El informe final de la auditoría especial a la Secretaría de Acción Social detectó una serie de irregularidades en las transferencias monetarias realizadas por el programa Tekoporã.

El trabajo del equipo auditor abarcó el primer semestre del ejercicio fiscal 2012 y se circunscribió al distrito de Limpio, y localidades de los departamentos del interior del país, tales como Alto Paraná, Canindeyú, Concepción y San Pedro, seleccionados como muestra.

Sin embargo, la Fiscalía investiga el periodo completo, en atención a una denuncia presentada el 23 de agosto de 2012, por el entonces titular de la Secretaría de Acción Social, Víctor Rivarola Medina.

La denuncia hace referencia a la concesión de dicho beneficio a más de 1.000 personas con suficiente solvencia económica e incluso a pagos realizados a nombre de personas fallecidas.

La presentación estima que el perjuicio ocasionado al Estado orilla los G. 10.000 millones.

La Contraloría detectó que el subsidio destinado a paliar la situación de extrema pobreza no cumplió su objetivo, pues fue a parar en manos de personas con suficiencia económica. Así las cosas, el equipo auditor constató numerosos casos en que las personas favorecidas con el subsidio no la necesitaban, pues son propietarias de surtidas despensas, cuentan con cómodas viviendas e incluso varias hectáreas de plantaciones y animales vacunos. Esta es una de las tantas otras irregularidades que hacen a la distribución de la asistencia estatal. Fotografías obtenidas durante las visitas in situ avalan el informe.

En principio, la fiscalía investiga la supuesta comisión de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y abuso en el uso de documentos de identidad.


Fuente: ABC

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