Dirigentes de los asentamientos campesinos 1º de Mayo y Paz y Alegría, ubicados en el camino Concepción-Vallemí, distritos de San Lázaro y San Carlos, ambos en el Departamento de Concepción, urgen al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) la legalización de sus tierras.
Los labriegos exigen la legalización de sus tierras, cedidas años atrás por los ganaderos Felino Amarilla y Abderrada Yambay, y ahora reclamadas nuevamente por los hacendados.
Se trata de 10.000 hectáreas que fueron donadas por los ganaderos en representación de las empresas Agropozo SA y Agroforestal Estrella SA, en mayo del 2008.
Hercirio Aranda, dirigente de la comisión vecinal Paz y Alegría, explicó que ambas empresas presentaron un recurso de revocación por no haber sido legalizada la donación y por el incumplimiento de las condiciones establecidas en el ofrecimiento inicial.
Aranda señaló que entre los argumentos de Amarilla y Yambay figuran que la naturaleza está depredada, que sus bienes son saqueados y que no se conformó una cooperativa de agricultores.
“Nosotros le pedimos al Gobierno una pronta solución a esta problemática”, dijo el labriego.
En total son 130 familias que ocupan hace más de ocho años las tierras en cuestión.
La propuesta del ente rural para dar salida al problema es que cada familia reciba 10 hectáreas y que las restantes sean nuevamente cedidas a los hacendados. Esta situación no es vista con buenos ojos por los campesinos, que exigen las 10.000 hectáreas. En el mes de febrero, el responsable de la institución, Justo Cárdenas, había iniciado una serie de conversaciones con todos los sectores involucrados en el tema.
Se trata de 10.000 hectáreas que fueron donadas por los ganaderos en representación de las empresas Agropozo SA y Agroforestal Estrella SA, en mayo del 2008.
Hercirio Aranda, dirigente de la comisión vecinal Paz y Alegría, explicó que ambas empresas presentaron un recurso de revocación por no haber sido legalizada la donación y por el incumplimiento de las condiciones establecidas en el ofrecimiento inicial.
Aranda señaló que entre los argumentos de Amarilla y Yambay figuran que la naturaleza está depredada, que sus bienes son saqueados y que no se conformó una cooperativa de agricultores.
“Nosotros le pedimos al Gobierno una pronta solución a esta problemática”, dijo el labriego.
En total son 130 familias que ocupan hace más de ocho años las tierras en cuestión.
La propuesta del ente rural para dar salida al problema es que cada familia reciba 10 hectáreas y que las restantes sean nuevamente cedidas a los hacendados. Esta situación no es vista con buenos ojos por los campesinos, que exigen las 10.000 hectáreas. En el mes de febrero, el responsable de la institución, Justo Cárdenas, había iniciado una serie de conversaciones con todos los sectores involucrados en el tema.
UH
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