El Ministerio Público dispuso sanciones en caso de que los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) brinden información a los medios de comunicación sobre los casos de secuestros sin tener la autorización del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, o de Joel Cazal.
El fiscal antisecuestro, Joel Cazal, emitió una resolución por la cual limita el acceso a la información sobre los casos de secuestros atribuidos al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
En el documento se prohíbe a la FTC y a personas asignadas a la investigación contra los grupos armados, dar información a los medios de comunicación sin la autorización del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón o del mismo Joel Cazal.
Incluso amenazan con sanciones para aquellas personas que no cumplan con la disposición emitida por el Ministerio Público. De esta forma, estarán imposibilitados de hablar los militares, policías y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)
La decisión fue firmada este lunes y se establece tras el último caso de secuestro en el que está privado de su libertad el colono Abraham Fehr. El hecho ocurrió el sábado en Tacuatí, zona de influencia del EPP.
El vocero de la FTC, Alfredo Jonás Ramírez, informó que a partir de ahora dejará de informar a la prensa sobre los trabajos desplegados en la zona norte del país, por más que se trate de un caso específico.
Mientras que el ministro del Interior, Francisco de Vargas, dijo que cualquier divulgación de datos que comprometan el desarrollo de la investigación será pasible de persecución penal.
"Hay vidas en juego, y sabemos y conocemos mucho sobre este tema en particular, pero no podemos hablar mucho. Hay un bien superior que se debe proteger", afirmó en conversación con radio Monumental 1080 AM.
Dijo que este tipo de medidas siempre se trató de hacer y con la experiencia obtenida van afinando las estrategias.
En el documento se prohíbe a la FTC y a personas asignadas a la investigación contra los grupos armados, dar información a los medios de comunicación sin la autorización del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón o del mismo Joel Cazal.
Incluso amenazan con sanciones para aquellas personas que no cumplan con la disposición emitida por el Ministerio Público. De esta forma, estarán imposibilitados de hablar los militares, policías y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)
La decisión fue firmada este lunes y se establece tras el último caso de secuestro en el que está privado de su libertad el colono Abraham Fehr. El hecho ocurrió el sábado en Tacuatí, zona de influencia del EPP.
El vocero de la FTC, Alfredo Jonás Ramírez, informó que a partir de ahora dejará de informar a la prensa sobre los trabajos desplegados en la zona norte del país, por más que se trate de un caso específico.
Mientras que el ministro del Interior, Francisco de Vargas, dijo que cualquier divulgación de datos que comprometan el desarrollo de la investigación será pasible de persecución penal.
"Hay vidas en juego, y sabemos y conocemos mucho sobre este tema en particular, pero no podemos hablar mucho. Hay un bien superior que se debe proteger", afirmó en conversación con radio Monumental 1080 AM.
Dijo que este tipo de medidas siempre se trató de hacer y con la experiencia obtenida van afinando las estrategias.
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