El intendente reelecto de Concepción, Alejandro Urbieta Cáceres (PLRA), acusó ayer ante la fiscalía al contralor interino, Roy Rodgers, y a tres auditores de cometer simulación de hecho punible, mientras que los funcionarios dicen que no les dejaron entrar en la Municipalidad. Casi se enfrentaron a golpes.
CONCEPCIÓN. El político liberal Alejandro Urbieta Cáceres y su abogado Arturo Galiano presentaron ayer de mañana una acusación por “simulación de hecho punible e inducción a un subordinado para la comisión de un hecho punible”, en contra del contralor interino, Roy Rogers, y tres de sus colaboradores.
El reelegido jefe comunal señaló: “Aquí existe una intromisión política del diputado Bernardo Villalba (ANR), que ya había anunciado en una radio que iba a enviar al propio contralor a la Municipalidad de Concepción” –para auditar–.
“Entendemos que es una persecución política a causa de la gran victoria que tuvimos en las últimas elecciones municipales; buscan dañar la democracia. Hoy, la Contraloría es utilizada políticamente. No estamos en desacuerdo que se haga la intervención, pero que sea neutral y no como se está realizando actualmente”, denunció.
Según Urbieta, los auditores llegaron a esta ciudad sin haber contestado una nota enviada por la Municipalidad en la que pedía la prórroga para presentar las documentaciones que solicita la CGR.
Los auditores intimaron para que les conceda en un plazo de 24 horas todas las documentaciones, algo “que es totalmente ilegal y arbitrario, tampoco han aguardado que la Municipalidad designe a funcionarios que trabajen junto con los auditores”, expresó el concejal liberal Julio Fischer.
También cuestionó que los funcionarios de la CGR se “reportaron” vía telefónica a un diputado, informándole que la intendenta saliente, Teresa Estigarribia de Cuevas (PLRA), no se encontraba en la ciudad. Agregó el citado edil que “la funcionaria Gladys Benítez, que no forma parte de la resolución de designación oficial emanada por la CGR, está usurpando cargos y también fue denunciada por el reelecto jefe comunal de Concepción”, sostuvo.
Asimismo, los liberales han indicado que los auditores y el propio contralor interino estaban trabajando en la Junta Municipal, que ha sido la solicitante de los trabajos de control y que de esa manera se constituye en parte interesada. La mayor parte del tiempo, los funcionarios de la CGR estuvieron acompañados de concejales colorados, dijeron.
Luego de la presentación de dicha denuncia ante el Ministerio Público, los adherentes al Partido Liberal llegaron hasta la Junta Municipal, donde se encontraban el contralor junto con los auditores y algunos concejales liberales. En el sitio, el edil Fischer fue quien acusó de parcialista a Rodgers y le cuestionó sus acciones como funcionario público. La discusión subió de tono y hubo empujones, faltó poco para que se llegue a los golpes.
Luego del hecho se solicitó las garantías necesarias a la Fiscalía y a la Policía Nacional para que los auditores continúen con sus trabajos.
Roy Rodgers dijo que su presencia en la ciudad de Concepción fue para acompañar a los funcionarios Santiago Gosling Martínez, Leydy Rossanna Cardozo Argüello y Gladys Concepción Benítez Duarte, quienes denunciaron el martes último ante la Policía Nacional que funcionarios de la Municipalidad no les permitieron la entrada a la sede donde se encuentran los documentos.
El reelegido jefe comunal señaló: “Aquí existe una intromisión política del diputado Bernardo Villalba (ANR), que ya había anunciado en una radio que iba a enviar al propio contralor a la Municipalidad de Concepción” –para auditar–.
“Entendemos que es una persecución política a causa de la gran victoria que tuvimos en las últimas elecciones municipales; buscan dañar la democracia. Hoy, la Contraloría es utilizada políticamente. No estamos en desacuerdo que se haga la intervención, pero que sea neutral y no como se está realizando actualmente”, denunció.
Según Urbieta, los auditores llegaron a esta ciudad sin haber contestado una nota enviada por la Municipalidad en la que pedía la prórroga para presentar las documentaciones que solicita la CGR.
Los auditores intimaron para que les conceda en un plazo de 24 horas todas las documentaciones, algo “que es totalmente ilegal y arbitrario, tampoco han aguardado que la Municipalidad designe a funcionarios que trabajen junto con los auditores”, expresó el concejal liberal Julio Fischer.
También cuestionó que los funcionarios de la CGR se “reportaron” vía telefónica a un diputado, informándole que la intendenta saliente, Teresa Estigarribia de Cuevas (PLRA), no se encontraba en la ciudad. Agregó el citado edil que “la funcionaria Gladys Benítez, que no forma parte de la resolución de designación oficial emanada por la CGR, está usurpando cargos y también fue denunciada por el reelecto jefe comunal de Concepción”, sostuvo.
Asimismo, los liberales han indicado que los auditores y el propio contralor interino estaban trabajando en la Junta Municipal, que ha sido la solicitante de los trabajos de control y que de esa manera se constituye en parte interesada. La mayor parte del tiempo, los funcionarios de la CGR estuvieron acompañados de concejales colorados, dijeron.
Luego de la presentación de dicha denuncia ante el Ministerio Público, los adherentes al Partido Liberal llegaron hasta la Junta Municipal, donde se encontraban el contralor junto con los auditores y algunos concejales liberales. En el sitio, el edil Fischer fue quien acusó de parcialista a Rodgers y le cuestionó sus acciones como funcionario público. La discusión subió de tono y hubo empujones, faltó poco para que se llegue a los golpes.
Luego del hecho se solicitó las garantías necesarias a la Fiscalía y a la Policía Nacional para que los auditores continúen con sus trabajos.
Roy Rodgers dijo que su presencia en la ciudad de Concepción fue para acompañar a los funcionarios Santiago Gosling Martínez, Leydy Rossanna Cardozo Argüello y Gladys Concepción Benítez Duarte, quienes denunciaron el martes último ante la Policía Nacional que funcionarios de la Municipalidad no les permitieron la entrada a la sede donde se encuentran los documentos.
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