(UH) Hace 15 días, luego de casi un mes de la
intervención, el ente agrario anunció que se iniciarían los juicios de
desalojos. Sin embargo, cambió el asesor jurídico y de nuevo se estudiarán
todos los casos.
Tras la intervención realizada hace
más de un mes por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
(Indert) en las colonias de Antebi Cué, en Amambay y Concepción, con el fin de
recuperar tierras usurpadas por personas que no son sujetas de la reforma
agraria, el caso continúa totalmente paralizado.
El
proceso está aún más atrasado, atendiendo a que el director jurídico de la
institución que conducía el caso fue cesado en sus funciones, y el nuevo
director de esa área, César López, no estudió todavía el expediente.
En
consecuencia, todas las decisiones que había tomado su antecesor respecto a los
supuestos inicios de juicios de desalojos a los ocupantes ilegales, y que
debían realizarse la semana antepasada, quedaron sin efecto.
"Me
acaban de decir que las carpetas y los biblioratos que tengan que ver con el
caso Antebi Cué ya están en mi despacho. A partir del lunes, voy a revisar y
allí vamos a ver qué proceso seguir en cada caso. Es por eso que aún no he
analizado el caso y no puedo profundizar al respecto", dijo César López,
quien asumió el cargo la semana antepasada.
DILACIÓN.
Tras la aparatosa intervención en las
colonias 29 de Junio, San Carlos, Bella Vista Poty, Norte Pyahú, del
Departamento de Concepción, y de las colonias San Pedro, Nueva Esperanza,
Rinconada y San Isidro Labrador, en Amambay, hasta ahora no se produjo un solo
desalojo de los numerosos políticos, comerciantes, y brasileños que se
apropiaron de lotes destinados a campesinos humildes, y actualmente poseen
prósperas estancias ganaderas en el lugar.
Entre
los casos detectados se encuentra el diputado colorado Magdaleno Silva; el
exdirector de la Detave (Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia
Especializada), Ricardo Sanabria; la concejala liberal de Bella Vista, María
Lina Flores, sin mencionar a los brasileños, entre los cuales, durante el
procedimiento del Indert, solo uno de ellos fue notificado para que desaloje la
propiedad. Se trata de Antonio Tonino Da Motta.
ANTECEDENTES.
El 6 de setiembre pasado, una comitiva de
funcionarios del Indert, al frente del cual estuvo el propio presidente,
Marciano Barreto, repartió 756 notificaciones a los actuales ocupantes, con el
objetivo de que los mismos justifiquen su presencia en las tierras expropiadas
a Roberto Antebi en 1995, y que actualmente se conocen como Antebi Cué.
Hasta
la fecha no se realizó ningún pedido de desalojo por orden judicial para estas
personas.
En
los documentos que los ocupantes entregaron al Indert, debían estar detalladas
fotocopias de sus documentos de identidad, consignando a qué se dedican,
cuántos animales tienen, el tiempo que llevan en el lugar, si están en calidad
de propietarios o encargados, si tienen registros censales y otros documentos
que justifiquen su ocupación.
Una
vez que el Indert obtuviera estos datos, debía realizar su actualización y a la
vez solicitar por vía judicial el desalojo de los irregulares, lo que hasta
ahora no se ha hecho.
JUEZ NO RESPONDE
El juez Marcial Núñez, del Tribunal de
Apelación de Pedro Juan Caballero, retiene desde hace más de un mes, sin
resolver, el expediente de la acción judicial presentada por el Instituto de
Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), buscando recuperar 1.395 hectáreas
apropiadas ilegalmente, a través de testaferros, por el diputado colorado
Magdaleno Silva, en la zona de Antebi Cué.
"Hasta
ahora no hay novedad, seguimos esperando al juez Núñez, quien debe pronunciarse
como preopinante para que los demás miembros de la Cámara de Apelación
resuelvan el caso", explicó la abogada Gail González Yaluff, asesora
jurídica del Indert en Amambay.
