Todo el problema se inició con el balance del 2015, cuando la presidenta de la Junta Municipal de aquel entonces, Beatriz Denis (PLRA), se opuso a la aprobación de la ejecución presupuestaria 2015. Aunque luego los ediles aprobaron el balance sin reparo.
Desde ese momento, la presidenta Denis quedó sola, porque la mayoría de los concejales (colorados y liberales) apoyaron al intendente Urbieta en todas sus acciones, hasta llegaron a destituir a Denis de la titularidad de la Junta Municipal.
Hubo más de un año de crisis, ya que se conformó una Junta Municipal paralela con varias denuncias judiciales de por medio, hasta que finalmente la corporación original fue ratificada en su legalidad. Suspendió a los ediles Beatriz Denis y Epifanio Ávalos por tres meses.
Finalmente, Denis renunció a la Junta Municipal para dedicarse a la campaña electoral como precandidata a gobernadora departamental, cargo que perdió ante Édgar López.
En el 2017, el intendente Alejandro Urbieta vendió el ex puerto Nanawa por la suma de 700.000 dólares a la empresa TLP, luego de varias transacciones no claras entre otras empresas.
La venta de ese patrimonio municipal se efectuó en silencio; la ciudadanía no tuvo participación y 11 concejales aprobaron con su firma la venta. La prensa, crítica al gobierno de Urbieta, ventiló el hecho y aumentó el cuestionamiento contra Urbieta y los concejales.
En octubre del 2018, cayó preso Édgar Américo Chilabert, comunicador crítico al Gobierno municipal, por un supuesto hecho de abuso sexual a un niño. Sus seguidores creen que fue una trampa armada por el clan Urbieta para sacarlo de su camino.
Días después, la ciudadanía salió a la calle a manifestarse pidiendo la renuncia de Urbieta y la intervención de su administración. En la primera noche de escrache, Urbieta dijo que no tendría problema de renunciar siempre y cuando se dé garantía al proceso. Pero luego aclaró que no renunciará al cargo y siguieron las movilizaciones, noche tras noche, alcanzando a los concejales que apoyan a Urbieta.
Llegaron a salir 2.000 personas por las calles, luego con el tiempo disminuyó la cantidad. Ahora unas 100 personas persisten en la movilización.
Durante muchos días, los manifestantes fueron reprimidos por la Policía, que respondía a las órdenes de los Urbieta, que son Hugo (padre febrerista), Alejandro (intendente liberal) y Luis (diputado colorado).
En los últimos días, el intendente formó un equipo de funcionarios municipales y líderes liberales de algunos barrios periféricos que salen en son de contraescrachadores, que noche tras noche violentan a los manifestantes con piedras y golpes.
Los momentos de la crisis concepcionera
1. Rechazo del balance. La presidenta de la Junta Municipal, Beatriz Denis (PLRA), se opuso a la aprobación de la ejecución presupuestaria del 2015. Los demás ediles aprobaron el balance.
2. Junta paralela. Se conformó una Junta paralela con varias denuncias judiciales de por medio, hasta que finalmente la corporación municipal original fue ratificada en su legalidad.
3. Venta dudosa. El intendente Alejandro Urbieta vendió el ex puerto Nanawa por 700.000 dólares a la empresa TLP; 11 concejales aprobaron la transacción poco clara.
4. Repudio ciudadano. En octubre del 2018 comenzaron los escraches a raíz de que Édgar Américo Chilabert, comunicador, crítico al Gobierno municipal y cayó preso.
5. Escrachadores. En el 2019, empezaron a salir escrachadores leales al intendente Urbieta. La ciudadanía movilizada espera que la Contraloría realice una auditoría.
UH
