Millonarias sumas de dinero fueron desembolsadas por la comuna concepcionera a las comisiones vecinales conformadas a nivel de adherentes políticos del intendente, Alejandro Urbieta, que finalmente fueron a parar a una empresa, cuyo dueño es operador político del jefe comunal.
Los ciudadanos indignados que llevan meses de realizar escraches y manifestaciones exigiendo por toda la ciudad la destitución del intendente, accedieron a documentos reveladores, a través de amparos judiciales, y exigen a la Cámara de Diputados la intervención municipal, pedido que fue girado ayer por la Comisión Permanente del Congreso a la Cámara Baja para su estudio.
De acuerdo a las denuncias de los ciudadanos indignados, existe una serie de casos de comisiones vecinales de la ciudad que recibieron millones de guaraníes que llamativamente fueron a parar a las arcas de la empresa “Emprendimientos Concepción”, propiedad del Abogado Julio David Fischer, amigo y operador político del intendente liberal Alejandro Tati Urbieta.
Los montos. El mayor desembolso de la Comuna realizado entre julio y diciembre del 2018 fue a la comisión Tte. Pedro J. Caballero, del barrio Villa Armando, creada el 18 o 28 de abril de ese año (tiene dos fechas de creación) y alcanzó la suma de G. 767.042.410.
Los conceptos por los que se pagó dicho monto, según la descripción en las facturas, son por desagüe pluvial de pbc, arroyito sanjita del barrio Villa Armando, ampliación obra de desagüe pluvial de piedra bruta sobre avenida Gualberto Carduz Huerta, trabajos de cuneteos, muros para desagüe s/contrato con el Municipio, desagüe pluvial calle Tte. Pedro J. Caballero y Madrina de Guerra.
Sin embargo, los ciudadanos indignados consideran que estas obras no existen y si es que existen se hicieron a medias y con tremendas sobrefacturaciones.
“Nosotros creemos que con la intervención se podrá determinar si estas obras están completas y merecen los costos pagados, algunas de ellas se ejecutaron después de las denuncias judiciales”, señaló Daysi Irala, una de las indignadas.
Mencionó por ejemplo las irregularidades en las facturas 310, que tiene fecha 20/07/2018 y la 308 que tiene fecha 29/08/2018. La factura de mayor numeración, que es la 310, tiene fecha menor que la factura de menor facturación, que es la 308, que tiene una fecha mayor que la 310, según las denuncias.
Ambas facturas figuran a nombre de Emprendimientos Concepción de Julio Fischer.
Esta firma facturó en siete meses la suma de G. 767.042..440 por obras que no se observan a simple vista.
Los miembros de esta comisión también deberán rendir cuentas ante la intervención, si es que la Cámara Baja así lo resuelve.
Desde la corresponsalía se intentó varias veces tener la versión del intendente, pero él mismo no atiende o no se hace encontrar.
En octubre del año pasado los indignados cumplieron un año de protestas en contra de la administración de Urbieta, sobre quien pesa varias denuncias y procesos judiciales por malos manejos de los recursos de la Municipalidad. En total existen 37 denuncias contra el jefe de la Comuna, de las cuales solo tuvo dos imputaciones y procesos con medidas. Sin embargo, siguen congelados los casos de venta del puerto municipal, uso de Fonacide, y de más de G. 4.000 millones de préstamos para obras, falta de pago a la caja de jubilaciones, y otros.
Los concejales liberales y colorados blindan al ejecutivo municipal por lo que hasta ahora sigue en el cargo.
En detalles. En esta planilla obran las fechas, los montos transferidos por la Municipalidad y los Números de facturas de la empresa Emprendimientos Concepción.
Caso Concepción va a Diputados
La Comisión Permanente del Congreso decidió ayer remitir la documentación referente al estado de la intervención en Concepción, comuna administrada por el liberal Alejandro Urbieta. El pleno se unió al pedido de la senadora Zulma Gómez, quien dijo que la atribución del pleno es solo remitir y no “debatir, ni objetar” la documentación.
Entre las acusaciones que los concejales apuntaron hacia Urbieta se resalta un préstamo bancario de G. 4.000 millones para obras de desagües pluviales; sin embargo, se usaron para pago de salarios y transferencias directas a comisiones vecinales por algunas obras ejecutadas a medias. También cuestionan un contrato con la empresa Conserpar por G. 8.000 millones en el 2016, sin que hasta la fecha hayan terminado las obras.
Además, existen denuncias judiciales de funcionarios despedidos sin justificación, deudas a funcionarios municipales, deudas a la Caja de Jubilaciones y remates de terrenos municipales.
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