Funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), acompañados de una comitiva judicial policial, realizaron el lunes la verificación de los inmuebles que fueron expropiados a la Compañía Inmobiliaria Paraguayo–Argentina SA (Cipasa). El trabajo es a fin de preparar las diligencias para iniciar los juicios de reivindicación de los inmuebles.
La abogada Liz Perla Torres, de la asesoría jurídica del Indert, señaló que fueron visitados 17 inmuebles, donde se constató que la mayoría está siendo arrendada por extranjeros, principalmente brasileños.
Señaló que otras personas vendieron sus ocupaciones, es decir, los primeros ocupantes han negociado las tierras que habitaban y por lo tanto siguen siendo del Indert.
Unas 25.000 hectáreas están siendo ocupadas actualmente y el precio fijado por el Indert es G. 1.200.000 por hectárea. Luego de los trabajos de verificación los funcionarios presentarán un informe al presidente del Indert, Alberto Alderete.
Posteriormente, se iniciará el juicio de reivindicación para entregar los inmuebles a los verdaderos beneficiarios de la reforma agraria.
Durante el recorrido, la comitiva escuchó la denuncia de Indalecio Arteta, del establecimiento ganadero denominado “La Paloma”, quien señaló haber pagado tres veces G. 5 millones y en una ocasión 6.000 dólares al Ing. Eugenio Ramírez, ex director regional del Indert, para realizar la medición del inmueble que ocupa desde hace siete años.
Este mismo trabajo se hizo en el departamento del Amambay, específicamente en las colonias denominadas San Isidro, Rinconada y San Pedro, del distrito de Bella Vista. En estos lugares también se iniciarán los juicios de reivindicación de los inmuebles. Uno de los ocupantes sería el diputado colorado Magdaleno Silva Dávalos.
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