
La donación ofrecida por la Secta Moon, representada por la firma Atenil SA y la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, a cambio de derogar la ley 2.730, que había expropiado sus tierras, nunca se concretó a pesar de haber transcurrido dos años. Esta situación y la desidia del Congreso, que fue el que aceptó la donación, desencadenó lo ocurrido el domingo en Puerto Casado y que ahora depende de una mesa de diálogo, que se abre mañana en Asunción.
En dos años, solo hubo algunas acciones tendientes a concretar la donación para que las tierras pasen al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), para dar un corte definitivo al pedido de los casadeños y a los conflictos que se generan en forma continua en el lugar. Los lugareños venían hablando con los referentes de la Secta Moon para delimitar las 30 mil hectáreas donadas y que los extranjeros pretendieron dar en dos pedazos separados y alejados, que los vecinos no aceptaban. Ahora, debe ser tratado nuevamente en el Congreso para modificar la ley.
José Chamorro, diputado departamental de Alto Paraguay, en la víspera, se interesó repentinamente de la situación de Puerto Casado, localidad desde donde siempre le reclamaron su desidia al igual que a los demás parlamentarios. Ayer, formó parte de la comitiva gubernamental que se trasladó hasta el lejano puerto sobre el río Paraguay para buscar una salida a la situación que generó un grave enfrentamiento, que esta vez no dejó muertos.
La comitiva estuvo integrada por los ministros de Interior, Rafael Filizzola, y de Agricultura, Enzo Cardozo; además del asesor jurídico de la Presidencia, Emilio Camacho; el procurador de la Nación, Enrique García; el senador Sixto Pereira, el comisario Viviano Machado y autoridades locales, que ahora sí se comprometen a atender el problema que los casadeños llevan esperando por más de 100 años.
La ley 3.294 data del 31 de agosto del 2007, por la cual quedó derogada la ley 2.730 del 2005, que había expropiado 52.694 hectáreas a favor de la población casadeña, que inmediatamente inició el proceso para poner en práctica proyectos de desarrollo que incluyó la formación de una cooperativa que se encargaría de la administración del dinero y los bienes.
Sin embargo, los empresarios coreanos arremetieron y ofrecieron donar al Estado paraguayo una parte de las tierras a cambio de que se les devuelva lo expropiado.
ASAMBLEA.
En la víspera, los vecinos se mantuvieron en reunión permanente y en calma a la espera de la comitiva oficial, que llegó a las 14.30. Primero hubo una reunión en el local parroquial con los integrantes de la comisión pro tierra, que plantearon despejar el local de la cooperativa y el retiro de las fuerzas policiales del lugar. Posteriormente, los emisarios fueron hasta la municipalidad donde hablaron con los propietarios durante una hora y media.
Ya terminada la tarde, en el polideportivo, el ministro Enzo Cardozo informó que mañana, a las 14, se instala una mesa de diálogo en el Ministerio de Agricultura con las partes. Mientras la Policía Nacional resguarda el local de las oficinas de la cooperativa, la comunidad anunció que se mantendrá en vigilia frente a la ex fábrica hasta tanto tengan seguridad de que habrá una solución definitiva al tema.
MEDIDA JUDICIAL
"Yo no dicté ninguna orden de desalojo, sino de protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la empresa Atenil SA", aseguró el juez de primera instancia en lo Civil y Comecial del séptimo turno, Hugo Becker, al justificar la medida ordenada en Puerto Casado.
La disposición judicial responde al expediente 4.443 del 2005, caratulado "Indert s/ Inscripción de Ley".
Becker concedió como medida cautelar de auxilio y dispuso el personal policial suficiente para custodiar los bienes. La medida cautelar es a los efectos de proteger los bienes individualizados como casa directorio, fábrica, hotel, casa de huéspedes, piscicultura ubicada en el distrito de Puerto Casado y afecta a la finca 21.051, padrón 1.695, propiedad de Atenil SA; finca 17.843, padrón 1.697, propiedad de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, y finca 16.819, padrón 1.699, propiedad también de la Asociación Espíritu Santo.
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