
En la zona de Kurusu de Hierro (Concepción) y Tacuatí (San Pedro), donde el EPP ejerce dominio absoluto desde varios años, la presencia de militares es nula.
Incluso, en el destacamento militar de Tacuatí prácticamente no hay uniformados asignados a la ejecución del operativo conjunto “Py’aguapy”, desplegado en el marco del estado de excepción que rige tras el asesinato de un capataz, dos peones y un policía, en la estancia “Santa Adelia” de Arroyito, en manos de militantes del grupo armado.
Los efectivos castrenses se encuentran integrados a la misión hasta ahora en carácter de “apoyo” para los policías. Solo efectúan controles en “puntos estratégicos” como los cascos urbanos de las ciudades más importantes del primer departamento.
Sin embargo, otros puntos conflictivos de zonas rurales están descuidadas por las fuerzas conjuntas.
En Kurusu de Hierro, por ejemplo, agentes de la comisaría 21ª hacen controles aleatorios durante todo el día, sin el apoyo militar. La zona es considerada como uno de los bastiones del EPP, liderado por Osvaldo Villalba. Uno de los detenidos por el caso Lindstron, Antonio Ramón Bernal, es oriundo de la localidad.
En Tacuatí, en cambio, un retén se montó en la entrada al distrito a cargo de agentes de la comisaría 10ª. Sin embargo, la cantidad de militares que apoya el servicio de barrera es insuficiente. Algunos pobladores dijeron que el ganadero Luis Lindstron, quien fue secuestrado por el EPP, a menudo se queja del escaso despliegue militar y la limitada seguridad en la zona.
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