Sin embargo, a pesar de que ya pasó casi un mes de la instalación de las oficinas, los jueces y funcionarios designados hasta el momento, oficialmente, carecen de atribuciones para poder actuar en cualquier caso judicial. Esta falacia obedece a que aún no fueron habilitados por la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que ya están percibiendo remuneración del Estado.
A la falta de poder de los jueces y auxiliares nombrados, se suma la carencia de equipos de informática. Las oficinas no cuentan con computadoras, sino con apenas precarios y viejos mobiliarios enviados del Poder Judicial de Concepción, del que dependieron por décadas los casos judiciales de este departamento, cuya capital departamental está a 800 kilómetros de Asunción.
Para colmo de males, a pesar de la creación de los juzgados, lamentablemente, los moradores de la región que deseen realizar trámites judiciales continuarán recurriendo a la capital del primer departamento. Es lo que se deduce ante la falta de sede del Ministerio Público.
El panorama que se presenta es patético, ya que necesariamente una persona que pretenda realizar una denuncia en la fiscalía deberá viajar a la ciudad de Concepción y luego, quizá, esperar una resolución de los jueces locales, si alguna vez llegan a ser habilitados por la Corte.
Considerando que procesos judiciales en nuestro país “normalmente” son engorrosos, los interesados deberán realizar numerosos viajes a Concepción, que representan mucho gasto de dinero.
Ante la situación, queda claro que los moradores de esta comunidad chaqueña deben continuar luchando para conseguir un servicio de justicia verdadero, cabal y completo.
Fuente: ABC
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