El presidente paraguayo, Horacio Cartes, quien asumió el poder el pasado 15 de agosto, una semana después logró que en 24 horas el Legislativo aprobara las enmiendas a la Ley de Defensa. Esto para emplear al Ejército en casos de "agresión interna" como el terrorismo y las "amenazas" a las autoridades y así perseguir al EPP sin tener que activar el estado de emergencia en el país.
Esta medida fue tomada después de que el pasado 17 de agosto, cinco guardias de seguridad de una hacienda ganadera de una empresa brasileña en San Pedro fallecieron en un supuesto ataque del EPP, lo que elevó a unos 30 los muertos atribuidos por el Gobierno al grupo armado desde 2005.
El Gobierno ha enviado unidades militares sin determinar, y ha hecho cambios de jefes policiales de los departamentos de Concepción y San Pedro, región donde opera el grupo armado, según la Policía.
Las asociaciones campesinas del departamento de San Pedro pidieron derogar la modificación de la ley de Defensa, ya que "reaviva la vieja práctica stronista del terrorismo de Estado contra las organizaciones sociales", en referencia a las persecuciones sufridas por los opositores a la dictadura de Alfredo Stroessner, quien gobernó Paraguay entre 1954 y 1989.
La plataforma rechazó también la ley aprobada la semana pasada en el Senado que abre la puerta a la inversión privada en la construcción de infraestructuras estatales por considerar que provocará "una privatización a mansalva de las empresas públicas".
"Es un proyecto antinacional y antipatriota, que apunta a la entrega total de nuestra soberanía nacional a las potencias imperialistas y al capital extranjero, profundiza la pobreza y la exclusión de las grandes mayorías populares", reza el comunicado.
Las organizaciones de esta región paraguaya, una de las más castigadas por la pobreza, manifestaron así mismo su repudio al proyecto de ley de "responsabilidad fiscal" aprobado en la Cámara Alta hace unos días.
Sobre este proyecto consideraron que "solo busca limitar los gastos sociales y debilitar aún más la responsabilidad del Estado en el desarrollo nacional".
Y reiteraron la tradicional petición de que se creen leyes "que permitan recuperar las tierras mal habidas y promuevan una justa distribución de la tierra", en un país que posee, según la FAO, la segunda mayor concentración de tierras en el mundo, donde el 2,6% de los propietarios detentan el 85,5 % de la superficie agraria.
Fuente: HOY
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