También observó pagos por provisión de almuerzo escolar que carecen de constancias de recepción de directores, entre otras irregularidades.
La Gobernación de Concepción recibió del Ministerio de Hacienda un total de G. 4.720.320.010 de recursos del Fonacide en los ejercicios fiscales del 2012 y del 2013. El resumen ejecutivo fue elaborado por la Dirección General de Economía de la Contraloría General, a cargo de Gladys Fernández.
La revisión del movimiento de débitos y créditos visualizados en los extractos bancarios de la cuenta corriente Nº 520039 “Gobernación de Concepción-Ley 47582012 Fonacide”, identificó la falta de documentos que justifiquen débitos en el extracto bancario correspondiente al mes de enero de 2013, por G. 748.903.967. De acuerdo a lo observado, la Contraloría requirió a la Gobernación de Concepción documentos que respalden los débitos visualizados en el extracto bancario correspondiente al mes de enero de 2013 de la cuenta corriente Nº 520039, habilitada en el Banco de la Nación Argentina y que no constan entre los adjuntados a su nota GC (Gobernación de Concepción) Nº 12 del 21 de febrero del 2014.
El examen de Contraloría observó también la falta de remisión de la Gobernación de determinados documentos que corresponden a contratos suscritos para la ejecución de “Proyectos de Infraestructura en Educación” en instituciones educativas y “Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo” destinado a obras de carácter público, por las que se abonó G. 3.229.118.752.
Igualmente, constató la ejecución de obras de construcción en instituciones educativas que no cuentan con la autorización de la Dirección de Infraestructura dependiente del Ministerio de Educación y Cultura para los proyectos arquitectónicos que fueron ejecutados por la UOC (Unidad Operativa de Contratación) de la Gobernación. Por esas obras se pagaron G. 1.657.631.187.
El informe del órgano superior de control refiere que el artículo 1 de la resolución Nº 7050/12 del MEC establece la obligatoriedad del análisis previo, autorización y verificación ejecutiva por parte de la Dirección de Infraestructura dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de ese ministerio, de todo proyecto arquitectónico a implementarse en instituciones educativas dependientes del MEC.
Se visualizaron pagos por la provisión del servicio de almuerzo escolar que carecen de las constancias de recepción de directores de instituciones educativas beneficiarias. Por ese servicio, la Gobernación de Concepción pagó con recursos del Fonacide G. 476.486.000, y con recursos institucionales G. 2.310.760.000, totalizando G. 2.787.246.000.
Revisar la ley vigente
La Contraloría sugiere activar mecanismos adecuados para que, oyendo a todas y cada una de las entidades involucradas en el uso de fondos del Fonacide, el ordenamiento legal vigente sea revisado y adaptado a fin de propiciar la adecuada utilización y control de esa valiosa herramienta de financiación de impostergables necesidades educativas de nuestro país, ya que el ordenamiento actual no clarifica suficientemente los verdaderos objetivos de la creación de esos fondos, lo que repercute negativamente en la transparencia necesaria para efectivo control.
La Gobernación de Concepción recibió del Ministerio de Hacienda un total de G. 4.720.320.010 de recursos del Fonacide en los ejercicios fiscales del 2012 y del 2013. El resumen ejecutivo fue elaborado por la Dirección General de Economía de la Contraloría General, a cargo de Gladys Fernández.
La revisión del movimiento de débitos y créditos visualizados en los extractos bancarios de la cuenta corriente Nº 520039 “Gobernación de Concepción-Ley 47582012 Fonacide”, identificó la falta de documentos que justifiquen débitos en el extracto bancario correspondiente al mes de enero de 2013, por G. 748.903.967. De acuerdo a lo observado, la Contraloría requirió a la Gobernación de Concepción documentos que respalden los débitos visualizados en el extracto bancario correspondiente al mes de enero de 2013 de la cuenta corriente Nº 520039, habilitada en el Banco de la Nación Argentina y que no constan entre los adjuntados a su nota GC (Gobernación de Concepción) Nº 12 del 21 de febrero del 2014.
El examen de Contraloría observó también la falta de remisión de la Gobernación de determinados documentos que corresponden a contratos suscritos para la ejecución de “Proyectos de Infraestructura en Educación” en instituciones educativas y “Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo” destinado a obras de carácter público, por las que se abonó G. 3.229.118.752.
Igualmente, constató la ejecución de obras de construcción en instituciones educativas que no cuentan con la autorización de la Dirección de Infraestructura dependiente del Ministerio de Educación y Cultura para los proyectos arquitectónicos que fueron ejecutados por la UOC (Unidad Operativa de Contratación) de la Gobernación. Por esas obras se pagaron G. 1.657.631.187.
El informe del órgano superior de control refiere que el artículo 1 de la resolución Nº 7050/12 del MEC establece la obligatoriedad del análisis previo, autorización y verificación ejecutiva por parte de la Dirección de Infraestructura dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de ese ministerio, de todo proyecto arquitectónico a implementarse en instituciones educativas dependientes del MEC.
Se visualizaron pagos por la provisión del servicio de almuerzo escolar que carecen de las constancias de recepción de directores de instituciones educativas beneficiarias. Por ese servicio, la Gobernación de Concepción pagó con recursos del Fonacide G. 476.486.000, y con recursos institucionales G. 2.310.760.000, totalizando G. 2.787.246.000.
Revisar la ley vigente
La Contraloría sugiere activar mecanismos adecuados para que, oyendo a todas y cada una de las entidades involucradas en el uso de fondos del Fonacide, el ordenamiento legal vigente sea revisado y adaptado a fin de propiciar la adecuada utilización y control de esa valiosa herramienta de financiación de impostergables necesidades educativas de nuestro país, ya que el ordenamiento actual no clarifica suficientemente los verdaderos objetivos de la creación de esos fondos, lo que repercute negativamente en la transparencia necesaria para efectivo control.
ABC Color
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