El juez penal de garantías Hernán Centurión decidió que Pablo Valiente Chaparro enfrente juicio oral y público por formar parte del grupo de la logística de la Agrupación Campesina Armada (ACA).
Un supuesto miembro de la logística de la banda criminal liderada por Alfredo Jara Larrea, autodenominado Asociación Campesina Armada (ACA). El mismo había sido detenido en setiembre del año pasado en ciudad de Pedro Juan Caballero por elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
Valiente Chaparro aparece en una fotografía que se encontraba guardada en una tarjeta de memoria hallada el 5 de febrero de 2014, en el campamento del grupo liderado por los hermanos Albino y Alfredo Jara Larrea. El joven era buscado desde ese momento.
Informes que poseen organismos de seguridad aseguran que la ACA materializó entre los meses de febrero y marzo de 2015 varias extorsiones a ganaderos de los departamentos de Concepción y San Pedro, con lo que llegó a recaudar un total de G. 440 millones.
Según los datos que ya maneja también la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), los delincuentes “invirtieron” su dinero en armas y en el reclutamiento principalmente de menores, tras la muerte de varios de sus cabecillas en los últimos meses.
Uno de los casos de extorsión por valor de G. 80 millones se habría llevado a cabo en la estancia “Alegría” de Tacuatí, donde luego el EPP asesinó a tres peones. Asimismo, un menonita del departamento de San Pedro fue obligado a pagar G. 300 millones para seguir trabajando con “tranquilidad”, conforme a las informaciones recabadas.
Valiente Chaparro aparece en una fotografía que se encontraba guardada en una tarjeta de memoria hallada el 5 de febrero de 2014, en el campamento del grupo liderado por los hermanos Albino y Alfredo Jara Larrea. El joven era buscado desde ese momento.
Informes que poseen organismos de seguridad aseguran que la ACA materializó entre los meses de febrero y marzo de 2015 varias extorsiones a ganaderos de los departamentos de Concepción y San Pedro, con lo que llegó a recaudar un total de G. 440 millones.
Según los datos que ya maneja también la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), los delincuentes “invirtieron” su dinero en armas y en el reclutamiento principalmente de menores, tras la muerte de varios de sus cabecillas en los últimos meses.
Uno de los casos de extorsión por valor de G. 80 millones se habría llevado a cabo en la estancia “Alegría” de Tacuatí, donde luego el EPP asesinó a tres peones. Asimismo, un menonita del departamento de San Pedro fue obligado a pagar G. 300 millones para seguir trabajando con “tranquilidad”, conforme a las informaciones recabadas.
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