Caminos rurales destrozados, importantes zonas boscosas, escasa cantidad de fiscales, un Poder Judicial benevolente y una Policía Nacional rebasada convierten a San Pedro en “tierra fértil” para los grupos criminales como el autodenominado EPP y el narcotráfico.
En la región se respira la inequidad social y en medio de extensos cultivos agrícolas y establecimientos ganaderos sobreviven miles de pobladores empobrecidos.
Uno de los mayores inconvenientes para el desarrollo del segundo departamento es la falta de caminos de todo tiempo. Los reclamos sociales están a la orden del día y en los discursos de los políticos durante cada campaña electoralista siempre figuran como una “prioridad” las mejoras viales, pero la realidad es que San Pedro es una de las regiones más marginadas por las sucesivas autoridades.
A las malas condiciones de la red vial se suma la casi nula inversión en los servicios públicos de salud y educación, así como en la producción agrícola.
El atraso en que está sumido el departamento desde hace años hace que sea “tierra fértil” para los grupos criminales, como el autodenominado Ejército de Pueblo Paraguayo (EPP), los narcotraficantes y otros grupos mafiosos. Estos operan en una franja bien identificada, entre la zona norte de San Pedro, Canindeyú, Concepción y Amambay, donde cuentan con protección de poderosos políticos, que a su vez controlan a la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
No es casualidad que la Policía Nacional tenga una débil presencia en la región. Tiene 32 comisarías, 39 subcomisarías y nueve puestos policiales, donde están distribuidos 650 uniformados.
La Policía Nacional tiene solo 65 patrulleras, de las cuales más del 50% está con problemas mecánicos. Varias comisarías situadas en la zona donde opera el EPP apenas tienen “motopatrulleras”.
Una fiscal antinarcótico
Por otro lado, una sola agente fiscal está designada para atender casos de narcotráfico en una región, que cuenta con 20 distritos y en gran medida dominada por la mafia de las drogas. Se trata de Fany Aguilera, quien tiene oficina en Santa Rosa del Aguaray.
Además de casos relacionados al narcotráfico, debe atender las unidades ordinarias y de antiabigeato.
Por otro lado, el fiscal Carlomagno II Alvarenga, además de agente de unidad ordinaria de Santa Rosa del Aguaray, atiende las denuncias de delitos ambientales e informáticos de la región.
Muchas causas penales no son perseguidas en forma y tiempo por la sobrecarga de expedientes en las distintas unidades.
Para que el Ministerio Público funcione medianamente bien, se necesitan dos fiscales antisecuestro, dos de delitos ambientales, dos de antinarcóticos y dos para casos ordinarios.
A pesar de las limitaciones, desde el 1 de enero hasta los primeros días de junio se incautaron en diferentes distritos de San Pedro unos 107.773 kilos de marihuana picada, 5.837 kilos de la hierba prensada y fueron localizados unas 177 hectáreas de cultivos, que fueron destruidos.
Benevolencia judicial
La escasa cantidad de policías y fiscales, así como la pobre infraestructura, alientan a los grupos criminales. A eso se suman las leves condenas que reciben los narcos.
Entre los condenados están Gabino Rodríguez Cardozo, cuyo caso data de 2013. Fue detenido con 736 kilos de marihuana prensada en el distrito de 25 de Diciembre y el 2 de julio de este año fue condenado a solo cinco años de cárcel porel tribunal de San Pedro de Ycuamandyyú.
Catalino Díaz Alderete cayó con 966 kilos de marihuana prensada el 18 de diciembre de 2013. El 27 de abril de este año recibió una condena de dos años de cárcel.
Otro hecho emblemático es el que involucra a Jonathan Cardozo Paoli, medio hermano de la intendenta de Nueva Germania, Alicia González de Saiz (ANR), quien busca rekutu por el oficialismo. Fue detenido por efectivos de la Policía Nacional destacados en Nueva Germania cuando transportaba 77 kilogramos de marihuana en un vehículo de la jefa comunal.
Fue condenado a solo 2 años 6 meses de prisión.
La fiscala Fany Aguilera a apeló en todos los casos, demostrando su disconformidad con la benevolencia del Poder Judicial.
ABC
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