Al menos ocho nativos están en prisión por plantación de marihuana. Los indígenas son un negocio redondo para los narcotraficantes, quienes los ven como mano de obra barata y los usan para cultivar la droga y luego quedarse con las millonarias ganancias.
Colonias aborígenes de Canindeyú, Concepción, Amambay y San Pedro, viven abandonadas por los organismos encargados como el INDI y no les queda otra salida más que dedicarse a las plantaciones ilegales para ganarse la vida.
La modalidad no es nueva ya que en julio del año pasado agentes antinarcóticos destruyeron 6,5 toneladas de marihuana y 12 hectáreas de cultivos de esa planta en una comunidad de indígenas, contratados por narcotraficantes para producir y almacenar la droga.
Debido al olvido en el que se encuentran estas personas, gente inescrupulosas se aprovechan de la necesidad extrema que sufren para ofrecerles dinero a cambio de plantar estupefacientes prohibidos por ley, según consideró el fiscal Christian Royg.
“La fuerza de seguridad hace su trabajo pero luego en menos de 30 días ya empiezan a cultivar nuevamente y no se puede estar llevando presa a toda la comunidad”, explicó Royg a radio UNO y reveló que actualmente hay ocho nativos presos por esta causa.
Indicó que los indígenas saben perfectamente que esta práctica no está permitida por ley, sin embargo, argumentan que no tienen otra opción para salir de la pobreza.
Por su parte, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, admitió que esta es una realidad y que generalmente se recurren a las pocas reservas de bosques para la explotación del cultivo.
“Están utilizándolos como mano de obra barata,” aseguró Rojas en conferencia de prensa ofrecida esta mañana.
La modalidad no es nueva ya que en julio del año pasado agentes antinarcóticos destruyeron 6,5 toneladas de marihuana y 12 hectáreas de cultivos de esa planta en una comunidad de indígenas, contratados por narcotraficantes para producir y almacenar la droga.
Debido al olvido en el que se encuentran estas personas, gente inescrupulosas se aprovechan de la necesidad extrema que sufren para ofrecerles dinero a cambio de plantar estupefacientes prohibidos por ley, según consideró el fiscal Christian Royg.
“La fuerza de seguridad hace su trabajo pero luego en menos de 30 días ya empiezan a cultivar nuevamente y no se puede estar llevando presa a toda la comunidad”, explicó Royg a radio UNO y reveló que actualmente hay ocho nativos presos por esta causa.
Indicó que los indígenas saben perfectamente que esta práctica no está permitida por ley, sin embargo, argumentan que no tienen otra opción para salir de la pobreza.
Por su parte, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, admitió que esta es una realidad y que generalmente se recurren a las pocas reservas de bosques para la explotación del cultivo.
“Están utilizándolos como mano de obra barata,” aseguró Rojas en conferencia de prensa ofrecida esta mañana.
HOY
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