Hace dos semanas que los caleros no trabajan en la zona por orden judicial. Allí fabrican en forma artesanal cal viva y entregan piedra bruta a fabricantes de cal agrícola. En los cuatro inmuebles en litigio hay gran cantidad de rocas dolomíticas, y la minería es la única actividad económica de la que dependen, según los caleros, unas 1.200 familias.
El presidente de ACUA, Julián Ortiz, dijo que el sitio es patrimonio de la zona y hace 50 años sus antecesores lucharon por esas tierras. “En 2008 la Corte Suprema decretó la nulidad de una escritura pública, y la asociación pidió la compra de las tierras.
Tenemos todos los recibos de pago por estos inmuebles”, alegó el dirigente, agregando que el 25 de mayo de 2015 el propio titular del Indert, Justo Cárdenas, les entregó el título de esas propiedades. “Nos llama la atención que ahora aparezca el Sr. Ricardo Laterra Vuyk como dueño y pidiendo la nulidad de todo cuanto hemos hecho”, dijo.
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