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15 abr 2026

Campesinos e indígenas anuncian marcha por tierra, territorio y producción

Desde el próximo 20 al 22 de abril, organizaciones indígenas y campesinas realizarán una movilización nacional que paralizará puntos estratégicos en diversos departamentos, denunciando una crisis económica, ambiental y de soberanía territorial sin precedentes.


Desde este lunes 20 de abril al miércoles 22 de ese mes, se realizará una gran movilización llevada adelante por organizaciones indígenas y campesinas en varios puntos del país.

La medida de fuerza responde a situaciones de precariedad que viven ambos sectores. A través de un comunicado, señalaron que más del 30% de las comunidades indígenas carecen de seguridad sobre sus territorios y más de 1.400 familias campesinas fueron desalojadas entre diciembre del 2025 y marzo de 2026.

A diferencia de años anteriores, la protesta no se centralizará únicamente en Asunción, sino que se distribuirá en varios puntos del país con cortes de ruta, asambleas permanentes y marchas.

“Nos movilizamos para frenar los desalojos violentos, recuperar las tierras malhabidas, restituir territorios ancestrales y exigir un presupuesto real que garantice derechos humanos de los pueblos indígenas y el avance de la Reforma Agraria”, afirmaron los organizadores.

Entre las principales reivindicaciones se encuentra el pedido de tierra para pueblos indígenas: el 30% de las comunidades no tienen sus territorios asegurados y el 22% de sus tierras están alquiladas al agronegocio.

Se requieren 56.077 hectáreas con una inversión de USD 142 millones, pero el Presupuesto 2026 del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) solo alcanza para 106 hectáreas.

Regularización de comunidades campesinas es otro de los pedidos que realizarán a las autoridades. Señalaron que el 40% de las 3,5 millones de hectáreas de la Reforma Agraria están en manos ajenas al campesinado. Solo entre diciembre de 2024 y marzo de 2025 se registraron 16 desalojos que afectaron a 1.400 familias.

Marcharán también por la derogación de la Ley Zavala-Riera que eleva a 10 años la pena por “invasión” y se aplica contra luchadores sociales, criminalizando a estas organizaciones, señalaron.

El 5 de diciembre de 2025, 42 campesinos fueron detenidos en San Pedro cuando reclamaban 11.000 hectáreas. Se demanda la libertad a los presos por luchar y el fomento a la producción de la agricultura familiar, que genera el 60% de los alimentos con solo el 6% de la tierra.

“Sin tierra no hay vida, ni cultura, ni alimentos. El Estado tiene una deuda histórica”, agregaron los voceros.

La derogación del acuerdo SOFA con Estados Unidos también es otro foco de la protesta por vulnerar, supuestamente, la soberanía. Se reclama la derogación de este acuerdo entreguista por considerarlo atentatorio a la soberanía nacional.

La movilización fue convocada por el Espacio de Unidad Indígena Campesina y Popular, integrado por la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI), Organización de la Lucha por la Tierra (OLT), Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid), UCN, CultivaPY, Organización Kuña Guaraní Aty y Organización Mandioqueros. Además, se suman Comunidad Naranjaty Ñacunday, Unión Agrícola Nacional (UAN), Odram, Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCH), Coordinadora de Líderes Joajurã, y otras más.

Fuente: UH

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