La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción abrió formalmente la investigación penal por la supuesta coima que dicen que pagó Jair Antonio de Lima, dueño del Frigorífico Concepción, a los ministros Gustavo Leite (MIC) y Luis Gneiting (MAG).
Los fiscales del caso son Nelson Ruiz y Yolanda Portillo, y la adjunta es Alba Rocío Cantero. Indagan hechos punibles como cohecho pasivo (coima) y soborno.
La fiscala Cantero explicó en rueda de prensa que la apertura oficial de la investigación es “a fin de agotar todas las diligencias tendientes a confirmar o no el hecho, que para nosotros sería presumiblemente cohecho”.
Cuando el caso saltó a la luz a raíz de declaraciones de Carlos Trapani, expresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Fiscalía había realizado diligencias sin abrir formalmente la causa. Sin embargo, luego se logró que Trapani ratificara los dichos en sede fiscal. Además, se tuvo la declaración testifical del expresidente de Senacsa Hugo Idoyaga, que coincidía con Trapani.
Por estos testimonios concordantes, los fiscales Ruiz y Portillo decidieron librar varios oficios a fin de recabar movimientos bancarios tanto de Jair de Lima, como de su Frigorífico Concepción y de los denunciados, Leite y Emilio “Tiky” Cubas Gusinky, quien es sindicado como el “intermediario” de la transada.
Jair niega y no es aún convocado
El dueño de Frigorífico Concepción, Jair Antonio de Lima, negó desde un principio que haya pagado coima para levantar la restricción de exportar carne, lo que generó una crisis por los millones de dólares que perdió.
Los fiscales Nelson Ruiz y Yolanda Portillo todavía analizan en qué carácter –indagatoria o testifical– convocarán a Jair.
Esto es así porque si bien sería autor del pago de un soborno, podría admitir el hecho por un “estado de necesidad justificante”, debido a que su negocio iba a pique si persistía el bloqueo a exportar carne. El empresario, bajo patrocinio del abogado Pedro Ovelar, se puso a disposición de Fiscalía mediante un escrito en el que volvió a negar el “ofrecimiento o pago” de dinero a alguna autoridad.
En el mismo documento detalló la suma que pagó en concepto de la multa que le aplicó el Ministerio de Industria y Comercio por la importación ilegal de carne brasileña. Al respecto, indicó que hizo una entrega inicial al citado ministerio de G. 1.651.708.974, que a la conversión en dólares alcanza US$ 290.000, monto que casi coincide con la coima investigada.
A su vez, precisó en esa nota que la multa total que le aplicaron es de G. 16.517 millones (casi US$ 3 millones).
