La orden fue emitida por el juez de primera instancia del séptimo turno de la capital, Hugo Becker. El desalojo estuvo a cargo del oficial de Justicia de Concepción Alfredo Pacían Galeano, que acudió al lugar en compañía de agentes policiales de la comisaría 3ª de Horqueta, encabezados por el suboficial Fermín López.
El oficial de Justicia dijo que solamente cumple con la orden del juez y aclaró a los pobladores que el desalojo no es su decisión. No brindó detalles de por qué los labriegos fueron sacados del campo comunal. Sí señaló que la orden es producto de la toma de posesión del campo por el Sindicato Nacional de Quiebras, relacionada con el quebrado Banco Nacional de Trabajadores.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios del Campo Comunal, Gaspar Areco, que ocupaba una casa construida en el campo, dijo que no se justifica el desalojo debido a que, a través de una resolución, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) les entregó las tierras en el año 2000. Explicó que para el efecto las autoridades del Indert tuvieron en cuenta la ley aprobada por el Congreso Nacional, que declaró como campo comunal el terreno de 957 hectáreas.
Areco manifestó que en el campo las familias de Cerrito Totora crían más de cuatrocientas cabezas de ganado vacuno, e indicó que no tienen adonde llevar los animales si son sacados del lugar. Afirmó que el desalojo es una de las últimas maniobras del gobierno de Horacio Cartes para apropiarse de las tierras y entregarlas a los grandes ricos.
Sin embargo, afirmó que próximamente retornarán masivamente al lugar para no perderlo, porque los documentos que recibieron de parte del Indert y del Congreso Nacional garantizan que el campo comunal es de los pobladores de Cerrito Totora.
Por su parte, el intendente municipal de esta ciudad, Jorge Urbieta (ANR), que acudió al lugar, dijo que lamentaba la decisión de las autoridades judiciales, que calificó de “inesperada”, porque solamente crea problemas para las humildes familias del lugar. Señaló que en compañía del asesor judicial de la Municipalidad, Édgar Bobadilla, y los dirigentes del campo comunal, decidirán qué medidas tomar para que las familias no pierdan esas tierras.
Por su parte, en su carácter de asesora jurídica de los usuarios del campo comunal, Sisinia Silva, que también es concejala municipal de Concepción (PLRA), calificó de antijurídica la resolución. En ese sentido, dijo que la resolución no puede dejar sin efecto la ley de expropiación que aprobó el Congreso Nacional.
Por otra parte, señaló que la orden judicial fue realizada sin notificación sobre la demanda a los pobladores que utilizaban las tierras como campo comunal e indicó que precautelarán sus derechos a través de argumentos legales.
Abogados apoyan a horqueteños desalojados
Un grupo de abogados del departamento de Concepción se comprometió a defender gratuitamente las tierras del campo comunal de Cerrito Totora. El juez Hugo Becker emitió una orden de desalojo, pero los lugareños resisten en el sitio.
La expropiación de 937 hectáreas de tierras fue realizada el miércoles último por el oficial de justicia de Concepción, Alfredo Pancía Galeano, en compañía de agentes policiales de la Comisaría 3ª de esta ciudad, encabezados por el suboficial Fermín López.
Los abogados Milner Rojas, Sisinia Silva, Julio Areco y Andrea Recalde llegaron ayer al lugar, donde manifestaron que lucharán en las instancias correspondientes para que los campesinos no pierdan las tierras que ocupan desde hace veinte años.
En su carácter de abogada, la presidenta de la Junta Municipal de Concepción, Sisinia Silva (PLRA), dijo que la resolución judicial no puede anular una ley que fue aprobada por el gobierno nacional en el año 2000 para que los campesinos reciban las tierras como campo comunal.
Señaló que con otros asesores jurídicos tocarán puertas y ventanas ante las autoridades judiciales, legislativas y del Poder Ejecutivo para ver cómo defender los derechos de la comunidad. Afirmó que también se sumaron a la lucha los diputados nacionales Luis Urbieta (ANR), Emilio Pavón y Andrés Rojas, ambos del PLRA.
Por su parte, el presidente de la Asociación de usuarios del campo comunal, Gaspar Areco, agradeció la ayuda recibida de parte de los abogados e indicó que no entregarán las tierras al sindicato de quiebras del quebrado Banco Nacional de los Trabajadores (BNT).
Aclaró que cuentan con su propia personería jurídica y con los documentos que garantizan que el campo comunal es de la comunidad.
ABC
