CONCEPCIÓN
Indígenas de la parcialidad Paî Tavyterâ de la comunidad de Jeguahaty, distrito de Concepción, se hallan enfrentados, a raíz de las pretensiones que tienen dos madereros de explotar sus recursos forestales a cambio de un supuesto plan de desarrollo. Hay dos grupos adversos que incluso ya llegaron al enfrentamiento armado.
Existe un contrato firmado en diciembre del año pasado, que permite a los madereros explotar los recursos forestales de las 2.032 hectáreas de inmueble, a cambio, supuestamente de un proyecto de desarrollo consistente en apertura de camino, puesto de salud, construcción de viviendas, electrificación y agua potable. Sin embargo, un grupo se opone al cumplimiento y se produce una fuerte división entre las 47 familias.
Por un lado, el cacique Lirio Benítez cuenta con un grupo mayoritario que se opone a la explotación de los recursos forestales y el cumplimiento del contrato. Por otro lado, su propio hijo, Florencio Benítez, que emerge como el otro líder, sí admite el cumplimiento de un contrato firmado en diciembre del año pasado con Arrnindo y Carlos Rojas de la ciudad de Yby Ya´u, madereros que se hallan apostados en las tierras indígenas con maquinaria y hombres para la explotación forestal.
"Hasta la muerte preservaremos nuestros recursos naturales, no permitiremos que nadie venga a depredar nuestro monte", dijo Lirio Benítez, el cacique más antiguo.
Por su parte, su hijo, Florencio Benítez, dijo que lo único que se hace es cumplir con un contrato, que él, su padre y las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) firmaron y que tiene validez de 3 años. El contrato permite solamente el corte de los árboles que fueron afectados por el incendio del año pasado y de los lampiños, sin embargo, se pudo observar que en la playada hay árboles sanos que fueron derribados.
El problema subió de tono, a tal punto de producirse enfrentamiento armado entre los aborígenes. El grupo oponente llegó a disparar con arma de fuego contra la camioneta de Carlos Rojas.
La denuncia llegó al fiscal del Ambiente, Richard Alarcón, que se constituyó a la comunidad para cerciorarse del caso. A raíz de las posiciones totalmente adversas decidió parar las actividades forestales, invitar a los madereros a retirarse del inmueble y requisó todas las armas de los indígenas, a fin de evitar derramamiento de sangre.
MARGARITA MBYWANGUI
El fiscal Richard Alarcónsolicitó la presencia inmediata de la presidenta del INDI para intervenir la comunidad en búsqueda de solución al problema. Otro hecho que llamó su atención es que el Servicio Forestal Nacional concedió las guías a los madereros para la extracción de los rollos de las tierras indígenas, que por ley están protegidas y no pueden ser objeto de comercialización.
26 sept 2008
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