La Policía Nacional, desde 2014, se lleva el 97% del presupuesto del Ministerio del Interior. Este año el monto es de G. 2,3 billones (más de 400 millones de dólares), que no se refleja en la realidad de las comisarías y subcomisarías, principalmente del interior del país.
Concepción y San Pedro son los únicos departamentos donde se observan mejoras en infraestructura, aunque en mayor medida se debe al apoyo de los pobladores organizados y ganaderos.
La institución responsable del orden y seguridad nacional cuenta con 23.000 agentes, que en su mayoría se desenvuelve en absoluta precariedad. Hoy iniciamos una serie en la que desnudamos esa realidad.
La sede policial de la Comisaría 8ª de San Estanislao, departamento de San Pedro, es utilizada como una penitenciaría teniendo en cuenta que todas las personas detenidas en el sector sur de la región son remitidas por orden del Ministerio Público a este lugar. La mayoría permanece por varios días en el sitio a la espera de la resolución judicial.
Los distritos del sector sur del segundo departamento son San Estanislao, Choré, Liberación, Yataity del Norte, Villa del Rosario, Itacurubí del Rosario, Gral. Aquino, Unión, 25 de Diciembre, Capiibary y Guayaybí.
Los uniformados deben encargarse de la alimentación de los presos, en especial de aquellos que provienen de lugares alejados y no tienen a quién pedir auxilio.
Otra de las dificultades con que tropiezan en la comisaría es la falta de espacio para las mujeres detenidas.
También se enfrentan con inconvenientes para el traslado de las personas privadas de su libertad hacia las penitenciarías, en caso de que el juzgado resuelva la remisión de las mismas a alguna prisión regional. Cuando se ordena que sean derivadas, se ven obligados a utilizar la única patrullera con la que cuentan.
En esta dependencia policial están asignados 16 efectivos, pero esa cantidad es considerada insuficiente por los pobladores, teniendo en cuenta que el área de cobertura es significativamente amplia.
A los casos delictivos se deben sumar las coberturas realizadas por orden del Ministerio Público y el juzgado jurisdiccional.
ABC
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