CONCEPCIÓN.- Unas 56 familias humildes de Concepción que ocupan desde hace años un inmueble privado de 6,5 hectáreas están a punto de ser desalojadas, ya que no consiguieron la compra del terreno. La orden de desalojo ya se cumplió y este martes se ejecutaría.
Ayer volvieron a manifestarse en la calle en espera de que las autoridades se comprometan en la compra del inmueble a fin de evitar el desalojo, que ya tenía que ejecutarse la semana pasada.
"Nosotros tenemos dos opciones: una depende de la Secretaría de Acción Social (SAS) en una compra directa por la vía de la excepción, y la otra, que la Municipalidad adquiera", dijo Teófilo Franco, líder del asentamiento.
Informó que con apoyo de las autoridades de Concepción hay gestiones en la SAS, pero sin respuestas aún y que a nivel local depende del intendente Alejandro Urbieta, quien debe presentar un pedido oficial a la Junta Municipal para la gestión de un préstamo por valor de G. 2.300.000.000 (precio del inmueble) para la compra del terreno y esperar la ejecución de la orden de desalojo.
Expresó que el tiempo es muy corto y que por ello la desesperación de su gente aumenta de intensidad. "Si se produce el desalojo, nosotros nos quedamos en la calle y de acá no nos moveremos hasta tanto se nos compre el terreno", explicó Franco.
El abogado Walter Olmedo, uno de los apoderados del terreno, manifestó públicamente que existe la intención de vender el terreno y que la espera es hasta hoy martes. Indicó que por pedido de las autoridades dieron la tregua esperando la propuesta oficial de la Municipalidad.
La ocupación del inmueble ubicado en el barrio Fátima de esta ciudad data de hace 4 décadas. Las 56 familias fueron instaladas en este lugar con la creencia de que era un inmueble municipal. Se asentaron de a poco, construyendo sus viviendas.
Luego aparecieron los dueños y recurrieron a la Justicia para recuperar su inmueble. En todas las instancias perdieron los asentados y con la orden de desalojo; solo una propuesta de compra podría frenar el cumplimiento de la acción judicial.
Hace años la solicitud de compra fue elevada a la SAS.
