Invasores de propiedad son eximidos de prisión

HORQUETA, Concepción (ABC).
Sesenta y cinco campesinos del grupo de unos 400 labriegos con orden de detención firmada por el juez penal de garantías Gustavo Chilavert, por invasión de inmuebles, robo agravado, daño intencional (quema de tractor) y rebeldía, que ingresaron a la estancia Santa Silvia, propiedad del ingeniero Jorge Camperchioli, fueron eximidos de prisión y cese de rebeldía.

La decisión fue adoptada por el juez de la adolescencia Hernán Centurión, quien interinó al titular Chilavert, quien se encuentra de permiso. El citado establecimiento ganadero está ubicado en la zona de Capitán Giménez a unos 15 kilómetros de esta ciudad. Ante la aprehensión del dirigente campesino, Pablo Ortiz, alias Cururu, detenido el martes último, los campesinos imputados por la fiscala Dora Irrazábal por la invasión a la citada estancia se presentaron ayer en el local del Poder Judicial para solicitar ser sobreseídos del caso.
Con la medida otorgada por el juez Centurión, los campesinos tienen prohibido acercarse a la estancia, no pueden salir del país y mensualmente deben estampar sus firmas en un libro de comparecencia.
Los labriegos que llegaron hasta el juzgado habían ingresado al citado establecimiento ganadero a mediados de junio pasado y con una intervención judicial-policial fueron desalojados del lugar a principios de julio en un operativo, que culminó con un enfrentamiento armado en el que fueron heridos algunos campesinos y agentes policiales.
Los acompañaron el director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales del Paraguay (Inecip-py), abogado Roque Arnaldo Orrego, y el abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos (DD.HH) del Paraguay (Codehupy), Juan Martens, quienes cuestionaron a la fiscala por imputarlos y solicitar al juzgado la detención de los mismos. Martens señaló que la acción de los campesinos está enmarcada dentro del ejercicio constitucional de la libertad de expresión y manifestación. “Sostenemos que ellos son inocentes de la invasión y resistencia de las que los acusa irresponsablemente la fiscala Irrazábal”, expresó. Señaló que la actitud de los campesinos que ingresaron a dicha propiedad no es ningún delito porque solamente se manifestaron para reclamar tierras y llamar la atención de las autoridades nacionales para que respondan a sus necesidades.