La lucha por la tierra se convirtió en excusa para la corrupción y el robo

Puerto Casado es sinónimo de corrupción, de perversión y de prostitución de la “lucha por la tierra”. Dirigentes de la Comisión Pro Tierra se están repartiendo 30 mil hectáreas donadas al Estado paraguayo, mientras hablan de la miseria casadeña. No tienen escrúpulos en usar como carne de cañón a pobladores de la vecina comunidad de Tres Cerros, ante la orfandad de seguidores en Puerto Casado donde ya conocen a cada uno de los “luchadores por la tierra”, mientras la ciudad pasa hambre.

La Constitución Nacional consagra una serie de derechos, entre ellos el acceso a la vivienda, al trabajo y a la reforma agraria. En el caso de la vivienda, el artículo 100 expresa: “Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna. El Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, y promoverá planes de vivienda de interés social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento adecuado”. Con respecto al derecho al trabajo, el artículo 86 señala: “Todos los habitantes de la República tienen el derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas. La ley protegerá el trabajo en todas sus formas, y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables”. Sobre la reforma agraria, el artículo 115 consta de 16 incisos, de los cuales el 4 dice: “La programación de asentamientos campesinos, la adjudicación de parcelas en propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria, previendo la infraestructura necesaria para su asentamiento y arraigo, con énfasis en la vialidad, la educación y la salud”. Estos derechos constituyen enunciados y están consagrados para todos los que habitan el Paraguay. Se parte de la base de que el Estado promoverá condiciones para acceder al ejercicio de tales derechos, en procura de otorgar igualdad de condiciones priorizando familias de escasos recursos. La cuestión es definir: ¿quiénes tienen derecho? de tal manera a realizar una selección de los beneficiarios. En el caso de campesinos de la Región Oriental, no tienen derecho aquellos que ya accedieron a tierra propia, abandonaron el lote y luego atropellan otra propiedad en reclamo de un beneficio. El problema de la tierra en Paraguay es extremadamente complejo de tan simple que es: no existe un modelo de desarrollo, por lo tanto no hay arraigo; impunidad absoluta para atropellar propiedades privadas y robar madera; carencia de un plan de entrega de títulos de propiedad, para evitar la venta de derecheras. El resultado es una corrupción generalizada, amparada por el poder político. En los alrededores de todos los parques nacionales funcionan aserraderos clandestinos, con protección de liderazgos locales; las ocupaciones de tierra, a su vez, están financiadas por aserraderos y políticos.