Cerro Lorito cobró US$ 3,5 millones al Estado pese a incumplir contrato

En el 2000, a través de un laudo arbitral, Juan C. Canese y sus socios se tomaron venganza contra el erario público. Todo se inició en 1993 cuando tras agrias discusiones se les rescindió un contrato. El caso, hasta hoy poco conocido, fue contado a ABC por un protagonista directo.

Cerro Lorito en realidad es el nombre de una cantera de piedra caliza comprada por Aceros Paraguayos (Acepar) al principio de la década de los años ’90 y que está situada en el departamento de Concepción, a orillas del río Paraguay, en un sitio aledaño a las propiedades de la cementera Vallemí.
Hacia 1992, Acepar abrió una licitación para entregar a una firma privada la tarea de extracción de caliza y su posterior traslado y entrega en la planta de Villa Hayes. El concurso fue ganado por la empresa del Ing. Juan Carlos Canese y Miguel Darío Zaldívar, a la que denominaron precisamente Cerro Lorito SA, la misma que tendría en 1997 un papel determinante y perjudicial para el Estado en la privatización de la acería.
La actuación más grave y sospechosa de Cerro Lorito SA ocurrió durante el laudo arbitral del año 2000, cuando el tribunal de arbitraje le adjudicó una indemnización superior a los 3,5 millones de dólares por una supuesta rescisión irregular de contrato.
El contrato había quedado suspendido durante la presidencia en Acepar del ingeniero y contraalmirante (SR) Ronald Zayas, quien aceptó en estos días contar a nuestro diario las escenas previas a tal desenlace.
“Tenían que sacar la piedra, cargar y trasladar a Acepar a un precio determinado (no recuerda exactamente cuánto), en una cantidad de 10.000 tonelada en un año, por poner un número”, señaló Zayas y explicó que para mala suerte de ambas partes hubo un factor que no se tuvo en cuenta, que en la zona de la cantera había una playada muy grande y no podían llegar las embarcaciones hasta la orilla.
Esta situación obligó a la empresa concesionaria a construir un muelle de aproximadamente 100 metros en el lugar, que le llevó cuatro o cinco meses, por lo que en vez de hacer la entrega inicial en febrero o marzo, lo hicieron en setiembre, con una primera carga de 600 toneladas.

PRIMERAS DISCUSIONES

“Pero cuando viene el control de calidad, se comprueba que la piedra entregada no servía para la industria siderúrgica, pues era destape de cantera, roca de la primera capa del cerro que no es aún el producto bueno. Entonces le llamo a Canese y a Zaldívar y le digo que tiramos todo porque no es lo que necesitamos”, recordó Zayas al comentar sobre el inicio del conflicto.
Los dos empresarios argumentaron que ya habían perdido demasiado dinero, pues el muelle no estaba previsto y llevaban varios meses sin ingresos, por lo que pidieron tener en cuenta los gastos. “Y vamos a arreglar los gastos, pero no me traigan esta piedra que no me sirve, les dije”, relató el ex presidente de Acepar.

“NO ESTÁ EN EL CONTRATO”

Los empresarios alegaron ante eso que el contrato solo decía que debían traer “la piedra explotada de Cerro Lorito”, sin especificar destape de cantera o la calidad de piedra caliza, e insistieron en que iban a seguir trayendo lo mismo y que Acepar les debía pagar, quiera o no quiera.
Trajeron otras 600 toneladas de destape de cantera y se les llamó de nuevo la atención y respondieron casi de la misma forma, alegando siempre el contrato. “Muy bien, te aviso nomás entonces que el contrato también dice 10.000 toneladas en un año y apenas trajiste 1.200. Tenés dos meses para cumplir el contrato. No pudieron cumplir y se les rescindió el contrato”, apuntó Zayas.

OTROS PAGOS DUDOSOS

El ex procurador, Nelson Alcides Mora, emitió en abril de 2004 un dictamen preliminar en el cual dejó constancia de la concesión irregular de algunos descuentos a favor de los compradores de Acepar. En ese sentido criticó el laudo arbitral del año 2000 por incumplir disposiciones de la Ley 1.037/97, que solo autorizaba a reconocer el pasivo laboral normal (US$ 4.188.898). Además de esa suma y de la indemnización por el contrato de piedra caliza, aquel laudo autorizó un descuento de US$ 1.643.348 por “diferencia de inventario” y un segundo “pasivo laboral” de US$ 4.479.272, calculado sobre la antigüedad de obreros que siguieron en la acería. Ambos conceptos no son válidos, según Mora.