En los documentos a los que accedió ÚH, el 15 de diciembre de 2008 se detalló en la agenda de Casildo la necesidad de comprar insumos, víveres, proyectiles y medicinas, para realizar ocupaciones y aguantar por 30 días.
Casildo citaba, por ejemplo, que se debía comprar 50 balas de calibre 38, una linterna, una carpa de color verde, celular y machetillo.
También hablaba de otros objetos, pero con la particularidad de que todos debían ser de color verde.
Meses antes, López y su grupo invadía la estancia del ingeniero Jorge Camperchioli, justamente armados y llevando pañuelos verdes.
En más de una ocasión López negó ser integrante del grupo armado, aunque manifestó su simpatía por la forma de lucha del EPP.
Casualmente, Casildo se entregó a la Justicia en Horqueta, el 10 de noviembre pasado, a los casi un mes del secuestro de Fidel Zavala.
Casildo llegó hasta la Fiscalía, acompañado del funcionario del Ministerio del Interior Pedro Santacruz, cuyo nombre se encontraba en la agenda del dirigente campesino.
Tras darse por detenido, el fiscal de Horqueta, Guillermo Ortega, lo imputó por invasión de inmueble, perturbación de la paz pública, resistencia, robo agravado y asociación criminal.
En principio, como la mayoría de los integrantes del EPP, guardó prisión preventiva en el cuartel de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
A pedido de su defensa fue trasladado a la cárcel de la ciudad de Concepción, debido a que podía tener problemas con los secuestradores que guardan reclusión en la Agrupación.
Según fuentes policiales, Casildo no contaba con la bendición de Alcides Oviedo, porque este lo consideraba un "bocón".
DESDE QUE SE ENTREGÓ MANTIENE UN BAJO PERFIL Y NO HABLA
Desde aquel noviembre, Casildo ya no hizo declaraciones a la prensa y se mantuvo en silencio, evitando opinar sobre el plagio de Fidel Zavala.
La Fiscalía centró sus esfuerzos en indagarlo por las invasiones y no por su presunta relación con el EPP.
Según la agenda y fotografías, Casildo trabajaba con José Villalba, además de los prófugos Alejandro Ramos y Lourdes Ramírez; los dos últimos buscados por el plagio de Lindstron.
El fiscal Ortega tiene seis meses de plazo, que corre desde noviembre, para presentar los actos conclusivos.
Casildo citaba, por ejemplo, que se debía comprar 50 balas de calibre 38, una linterna, una carpa de color verde, celular y machetillo.
También hablaba de otros objetos, pero con la particularidad de que todos debían ser de color verde.
Meses antes, López y su grupo invadía la estancia del ingeniero Jorge Camperchioli, justamente armados y llevando pañuelos verdes.
En más de una ocasión López negó ser integrante del grupo armado, aunque manifestó su simpatía por la forma de lucha del EPP.
Casualmente, Casildo se entregó a la Justicia en Horqueta, el 10 de noviembre pasado, a los casi un mes del secuestro de Fidel Zavala.
Casildo llegó hasta la Fiscalía, acompañado del funcionario del Ministerio del Interior Pedro Santacruz, cuyo nombre se encontraba en la agenda del dirigente campesino.
Tras darse por detenido, el fiscal de Horqueta, Guillermo Ortega, lo imputó por invasión de inmueble, perturbación de la paz pública, resistencia, robo agravado y asociación criminal.
En principio, como la mayoría de los integrantes del EPP, guardó prisión preventiva en el cuartel de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
A pedido de su defensa fue trasladado a la cárcel de la ciudad de Concepción, debido a que podía tener problemas con los secuestradores que guardan reclusión en la Agrupación.
Según fuentes policiales, Casildo no contaba con la bendición de Alcides Oviedo, porque este lo consideraba un "bocón".
DESDE QUE SE ENTREGÓ MANTIENE UN BAJO PERFIL Y NO HABLA
Desde aquel noviembre, Casildo ya no hizo declaraciones a la prensa y se mantuvo en silencio, evitando opinar sobre el plagio de Fidel Zavala.
La Fiscalía centró sus esfuerzos en indagarlo por las invasiones y no por su presunta relación con el EPP.
Según la agenda y fotografías, Casildo trabajaba con José Villalba, además de los prófugos Alejandro Ramos y Lourdes Ramírez; los dos últimos buscados por el plagio de Lindstron.
El fiscal Ortega tiene seis meses de plazo, que corre desde noviembre, para presentar los actos conclusivos.
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