Concepcion.- (UH) Una comitiva judicial y de prensa verificó en una lejana estancia en el Alto Paraguay que la denuncia de una paraguaya es cierta. Familias connacionales son perseguidas para dejar la tierra donde están hace 47 años.
Los brasileños que adquieren tierras en el departamento de Alto Paraguay, Chaco, y que buscan desalojar a antiguos ocupantes tienen protección de Policía paraguaya. El hecho fue descubierto por una comitiva judicial y diferentes medios de comunicación.La denuncia realizada por la familia Garcete de la zona de Puerto Guaraní, Alto Paraguay, sobre presunta presencia de policías al servicio de la estancia Panambi Porá SA, hecho que fue confirmado por la comitiva que se constituyó hasta la Estancia Corochiré.
En la ocasión, Binicio Moraez, administrador de Panambi Porá SA, se presentó al acto de inspección acompañado de su abogado y un uniformado de la Policía Ecológica y Rural de nuestro país.
Según la denuncia, dos uniformados prestan servicio a la empresa brasileña, incluso tienen una caseta dentro de la propiedad brasileña.
Según Alicia Garcete, propietaria de la estancia Corochiré, cada policía cobra un millón de guaraníes mensualmente, mientras su jefe, cuyo nombre no dio a conocer, estaría percibiendo 4 millones de guaraníes. "Nosotros sabemos todo, porque vez pasada, otros dos desertaron porque ya tenían hambre y nosotros les ayudamos y nos contaron su realidad", explicó a la comitiva presente en el momento.
El uniformado intentó evitar que fuese fotografiado o filmado, pero no pudo, ya que tenía que acompañar a su jefe. Incluso, éste le ordenó que apague su teléfono celular, orden que obedeció sin problema demostrando total docilidad al brasileño.
PERSONAL BRASILEÑO
La denuncia de los antiguos pobladores chaqueños sostiene que los ciudadanos brasileños que van adquiriendo grandes extensiones de tierra cuentan con personal policial paraguayo.
Y por el contrario, añadieron, todos sus peones son brasileños, que ni siquiera tendrían documentaciones.
Esta versión fue desmentida por Binicio Moraez, que se desempeña como administrador de la estancia Panambi Porá.
El brasileño destacó que ellos optaron por venir a invertir en Paraguay porque encuentran condiciones de producción. "Nosotros llegamos a Paraguay, porque acá hay condiciones, los impuestos son más baratos y se puede producir dando fuentes de trabajo a los paraguayos", señaló a los intervinientes.
DESTROZOS
Garcete también había denunciado que desde hace tiempo son objeto de amedrentamiento de parte de los brasileños para que dejen el lugar.
Mostró a los intervinientes el alambrado de su propiedad que fue cortado a lo largo de 7 kilómetros.
Además, dijo que hubo quema de rancho y cierre de caminos en contra de los vecinos paraguayos que viven en la zona hace casi medio siglo y ahora son perseguidos por los extranjeros. Lamentó la falta de apoyo a los paraguayos en sus propias tierras.
HAY UNA PUGNA JUDICIAL
Los brasileños tienen una pugna judicial con la familia Garcete, en cuyo poder se encuentran alrededor de 22.000 hectáreas que supuestamente fueron adquiridas por los brasileños.
Los paraguayos plantearon ley de usucapión (derecho por ocupación continua) mientras la contraparte está detrás de una orden de desalojo.
De las 47.000 hectáreas ocupadas desde hace 47 años por pequeños ganaderos chaqueños, 24.000 ya fueron destinadas a los brasileños, que consiguieron el desalojo de 5 familias: Federico Amarilla, Aneido Hoyos, Lilian Hoyos, Óscar Ortega y Alfonso Villalba.
JUEZ
A pedido de la familia Garcete, el juez interino de Puerto Casado, Gustavo Chilabert, se constituyó en la Estancia Corochiré, distante a 120 kilómetros de Puerto Guaraní.
Allí, el letrado constató la situación en la que se encuentran dos establecimientos sobre los cuales pesa el orden de no innovar por el lío judicial.
En los próximos días deberá decidir si levanta o no la medida concedida por otro magistrado a pedido del brasileño.
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