Paralelamente, los trabajos conjuntos entre policías y militares siguen desarrollándose de manera coordinada en el Norte.
El jueves último, el ministro del Interior, Francisco de Vargas, hizo oficial el ofrecimiento de G. 100 millones por la cabeza de cada uno de los ocho nuevos integrantes del EPP identificados por la Policía y la fiscalía.
Se trata de Lucio Silva (54), miembro de la banda de Choré, la cual se considera como la génesis de este grupo, su hijo Claudelino Silva Cáceres (21), además de los hermanos Alfredo Jara Larrea (23) y Albino Ramón Jara Larrea (21).
La lista sigue con Rudy Ruiz Sosa (30), alias “Sargento Mango”; Silverio Acosta Zacarías (31), alias “Chivé”; Esteban Marín López (29) y Luciano Argüello (21), todos con orden de captura vigentes.
Además, desde la gestión de Rafael Filizzola al frente del Ministerio del Interior, el Gobierno había dispuesto el pago de G. 1.000 millones en efectivo por información fidedigna y certera que conduzca a la captura de cada uno de los cabecillas del brazo armado del EPP, Osvaldo Daniel Villalba Ayala (30), alias “Alexander”; Manuel Cristaldo Mieres (30), alias “Santiago”, y Magna María Meza Martínez (30), alias “Lety”.
Asimismo, sigue vigente una gratificación de G. 500 millones por la cabeza de Alejandro Ramos Morel (40), alias “Jota”, considerado el cuarto al mando, y por los hermanos Antonio Ramón Bernal Maíz (22) y Bernardo Bernal Maíz (20), alias “Coco”.
Otros criminales por quienes hay recompensa de hasta G. 300 millones son Liliana Elizabeth Villalba Ayala (32), alias “Anahí”, hermana mayor de Osvaldo Villalba, y por Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos (40), esposa de Alejandro Ramos Morel.
Vidalina Cardozo Cáceres (28), hermana del abatido Nimio Cardozo Cáceres, también registra orden de captura.
Antiguos militantes del grupo, que supuestamente ya se separaron de la cuadrilla armada, como Isax Burgos Aguilar (34), alias “Ito”; Alsides Mereles Ruiz (31), alias “Presi”, y Óscar Luis Benítez (39), alias “Ramón” o “Male’i”, figuran aún como buscados, pero los montos a ser pagados por informes sobre ellos serán estipulados de acuerdo a cada circunstancia. Por otro lado, Adán Godoy Romero (25) y Alcides Martínez Vera (30) también cuentan con órdenes de captura por nexos con el EPP, pero por ellos aún no hay ofrecimiento de recompensa.
Operativos conjuntos
Mientras en Asunción el Gobierno organiza conferencias de prensa para ofrecer dinero por la captura de los miembros del EPP, en la zona Norte del país las fuerzas policiales y militares continúan con su trabajo conjunto, ordenado por el presidente de la República, Horacio Cartes, luego de la masacre en la estancia “Lagunita” de Tacuatí.
De momento, lo principal consiste en priorizar la parte preventiva, con presencia persuasiva de los efectivos castrenses en las principales comisarías, subcomisarías, puestos policiales y destacamentos apostados en el área de influencia de los secuestradores, entre los departamentos de Concepción y San Pedro.
El director de la Segunda Zona Policial, comisario principal Antonio Gamarra, quien a la vez fue designado coordinador general de las operaciones contra el EPP, señaló que hay una parte muy importante en el esquema de trabajo que no se ve ni se percibe, que es la parte de inteligencia, llevada a cabo por unidades altamente especializadas de las dos fuerzas públicas, que incluso operan en conjunto.
Gamarra señaló que, a diferencia de operativos anteriores, esta vez sí se nota la armonía y coordinación efectiva entre la Policía y las Fuerzas Armadas, que hasta ahora ya detuvieron por lo menos a dos sospechosos de haber participado en el asesinato del ganadero Luis Alberto Lindstron Picco, ocurrido el 31 de mayo pasado en el predio de la estancia “Paso Itá” de Tacuatí, cerca del destacamento militar local.
Fuente: ABC
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