Indicaron que opera para conseguir créditos en forma irregular y después despojar del dinero a los “beneficiarios” de los préstamos, en complicidad con funcionarios del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
Las 80 familias afectadas son del barrio San Ramón. Según relataron, el seudodirigente campesino Luis Cabrera corrió con todos los trámites para el préstamo del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
Algunos de los perjudicados relataron que Cabrera visitaba a las familias de escasos recursos económicos y les ofrecía su ayuda para acceder a préstamos del CAH. Además, les aseguraba que después él mismo se encargaría de pagar las deudas, pero para eso le debían entregar la mayor parte del dinero.
A otros les decía que eran préstamos no reembolsables, pero que le debían dar el monto que exigía por realizar las gestiones.
Los montos eran variados: G. 5 millones, G. 6 millones, G. 7 millones y G. 9 millones. Algunos de los supuestos beneficiados se quedaban con G. 500.000 y otros con G. 1 millón, mientras Cabrera llevaba el monto mayor.
No contar con inmueble no fue impedimento para conseguir los préstamos del CAH. Ese dato hace sospechar que hubo complicidad de funcionarios de la entidad financiera del Estado.
Juan Blanco, uno de los afectados, denunció que él y su esposa, Juana Alarcón, recibieron G. 18 millones; 9 millones cada uno. Se quedaron con G. 2 millones y el resto (G. 16 millones) entregaron a Luis Cabrera, que es su cuñado.
“Me dijo que nunca iba a pagar, que él se iba a encargar de todo. Confiamos en él y necesitábamos el dinero, como nos daba dos millones ya era una ayuda importante si supuestamente era gratis”, explicó.
Por otro lado, Justina Salas retiró G. 7 millones y se quedó con G. 500.000; Lucía Argüello accedió a G. 6 millones y Cabrera se quedó con G. 5.500.000; Antonio Morínigo solicitó G. 5 millones y le quedó G. 500.000.
El mismo Cabrera les llevó al CAH para retirar los cheques, que cambiaron en el banco y después Cabrera les visitó para retirar la parte más jugosa de cada préstamo, según relataron.
Se enteraron de la situación cuando después de un cambio general en el CAH comenzaron a recibir la visita de los nuevos funcionarios para requerirles el pago. Otros se dieron cuenta de la situación al figurar sus nombres en Informconf.
De ahí comenzaron a denunciar el hecho tanto en la fiscalía como en la institución crediticia. En algunos casos incluso hubo falsificación de firmas, indicaron.
El acusado, Luis Cabrera, ante nuestra consulta sobre el caso, se limitó a decir: “Gracias, no quiero hablar, no quiero alarmar”.
Un 50% de morosidad
El ingeniero Gregorio Jiménez, nuevo jefe del CAH, manifestó que recibieron más de 87 denuncias de casos similares que involucran a Cabrera.
Por otro lado, el licenciado Roberto Narvaja, auditor del CAH, dijo que la agencia de San Pedro de Ycuamandyyú registra un 50 por ciento de morosidad debido a la situación presentada. La entidad cuenta con una cartera de G. 13.000 millones y estima que unos G. 500 millones fueron gestionados por Cabrera. A raíz de esta situación, la ingeniera Cristina Sanabria renunció al cargo de jefa, así como la funcionaria Petrona Dávalos. Además, se dispuso el traslado de Marcos Maldonado a otra agencia, explicó Narvaja.
Fuente: ABC
Las 80 familias afectadas son del barrio San Ramón. Según relataron, el seudodirigente campesino Luis Cabrera corrió con todos los trámites para el préstamo del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
Algunos de los perjudicados relataron que Cabrera visitaba a las familias de escasos recursos económicos y les ofrecía su ayuda para acceder a préstamos del CAH. Además, les aseguraba que después él mismo se encargaría de pagar las deudas, pero para eso le debían entregar la mayor parte del dinero.
A otros les decía que eran préstamos no reembolsables, pero que le debían dar el monto que exigía por realizar las gestiones.
Los montos eran variados: G. 5 millones, G. 6 millones, G. 7 millones y G. 9 millones. Algunos de los supuestos beneficiados se quedaban con G. 500.000 y otros con G. 1 millón, mientras Cabrera llevaba el monto mayor.
No contar con inmueble no fue impedimento para conseguir los préstamos del CAH. Ese dato hace sospechar que hubo complicidad de funcionarios de la entidad financiera del Estado.
Juan Blanco, uno de los afectados, denunció que él y su esposa, Juana Alarcón, recibieron G. 18 millones; 9 millones cada uno. Se quedaron con G. 2 millones y el resto (G. 16 millones) entregaron a Luis Cabrera, que es su cuñado.
“Me dijo que nunca iba a pagar, que él se iba a encargar de todo. Confiamos en él y necesitábamos el dinero, como nos daba dos millones ya era una ayuda importante si supuestamente era gratis”, explicó.
Por otro lado, Justina Salas retiró G. 7 millones y se quedó con G. 500.000; Lucía Argüello accedió a G. 6 millones y Cabrera se quedó con G. 5.500.000; Antonio Morínigo solicitó G. 5 millones y le quedó G. 500.000.
El mismo Cabrera les llevó al CAH para retirar los cheques, que cambiaron en el banco y después Cabrera les visitó para retirar la parte más jugosa de cada préstamo, según relataron.
Se enteraron de la situación cuando después de un cambio general en el CAH comenzaron a recibir la visita de los nuevos funcionarios para requerirles el pago. Otros se dieron cuenta de la situación al figurar sus nombres en Informconf.
De ahí comenzaron a denunciar el hecho tanto en la fiscalía como en la institución crediticia. En algunos casos incluso hubo falsificación de firmas, indicaron.
El acusado, Luis Cabrera, ante nuestra consulta sobre el caso, se limitó a decir: “Gracias, no quiero hablar, no quiero alarmar”.
Un 50% de morosidad
El ingeniero Gregorio Jiménez, nuevo jefe del CAH, manifestó que recibieron más de 87 denuncias de casos similares que involucran a Cabrera.
Por otro lado, el licenciado Roberto Narvaja, auditor del CAH, dijo que la agencia de San Pedro de Ycuamandyyú registra un 50 por ciento de morosidad debido a la situación presentada. La entidad cuenta con una cartera de G. 13.000 millones y estima que unos G. 500 millones fueron gestionados por Cabrera. A raíz de esta situación, la ingeniera Cristina Sanabria renunció al cargo de jefa, así como la funcionaria Petrona Dávalos. Además, se dispuso el traslado de Marcos Maldonado a otra agencia, explicó Narvaja.
Fuente: ABC
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