- La fiscala Liz Recalde, de Concepción, tiene a su cargo la denuncia que presentó a la Corte contra los jueces Carlos Páez López y Luz Marizza Cardús, quienes habrían cometido hechos punibles en la tramitación de expedientes que guardan relación con procesos de usucapión en el Chaco.
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| Luz Marizza Cardús |
En la denuncia de la Corte también están incluidos el actuario judicial Carlos Valentín Sanguina, la ujier Diana Vera y los abogados Pedro David Gauto Fleitas y Blas Alberto Dos Santos Pérez.
Los magistrados fueron suspendidos primero por la Corte y luego por el Jurado de Enjuiciamiento.
Lo que se teme ahora, como los jueces son de Concepción, es que el caso sea blanqueado por la fiscala de la zona que investiga la denuncia.
Del informe de las auditorías surge que en los juicios caratulados “Rufino Adolfo Villalba contra los herederos o sucesores de Juan Falabella sobre usucapión”, “María Mercedes Villalba contra los herederos o sucesores de Juan Falabella sobre usucapión”, “José Eduardo González Llano contra los herederos o sucesores de Juan Falabella sobre usucapión”, “Miguel Ángel González Llano contra los herederos o sucesores de Juan Falabella sobre usucapión”, se dictaron sentencias que hicieron lugar a las acciones de usucapión, pero que no pudieron ser inscriptas en los Registros Públicos, puesto que los inmuebles se encuentran a nombre del Indert.
ABC
Los magistrados fueron suspendidos primero por la Corte y luego por el Jurado de Enjuiciamiento.
Lo que se teme ahora, como los jueces son de Concepción, es que el caso sea blanqueado por la fiscala de la zona que investiga la denuncia.
Del informe de las auditorías surge que en los juicios caratulados “Rufino Adolfo Villalba contra los herederos o sucesores de Juan Falabella sobre usucapión”, “María Mercedes Villalba contra los herederos o sucesores de Juan Falabella sobre usucapión”, “José Eduardo González Llano contra los herederos o sucesores de Juan Falabella sobre usucapión”, “Miguel Ángel González Llano contra los herederos o sucesores de Juan Falabella sobre usucapión”, se dictaron sentencias que hicieron lugar a las acciones de usucapión, pero que no pudieron ser inscriptas en los Registros Públicos, puesto que los inmuebles se encuentran a nombre del Indert.
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