Las razones por la que la amplia mayoría votó en el sentido indicado por el Gobierno fue que la normativa iba a blanquear a los ocupantes que, en muchos casos, son terratenientes, políticos y hasta se los vincula a los narcotraficantes. La expropiación de las 224.000 hectáreas fue originalmente hecha para la mentada reforma agraria.
Rechazo. Ancho Ramírez (d) dice que Estado erró al no aceptar la oferta por Antebi Cué.
Con 37 votos a favor y 11 en contra del veto total del Poder Ejecutivo, los diputados remiten ahora el mensaje del Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores para su tratamiento.
El proyecto es cuestionado porque plantea que los ocupantes no beneficiarios en el estatuto agrario, puedan ser propietarios de las tierras pagando una compensación.
El portavoz de la postura de la bancada colorada, diputado Luis Larré, afirmó que aceptaron el veto del Ejecutivo porque el documento explica cómo el régimen especial en beneficio de los actuales ocupantes irregulares de las tierras, afectará el patrimonio estatal sobre las mismas y añade de qué forma transgrede la ley.
Dentro del decreto que veta este proyecto, además se detalla que las excepciones a garantizar la propiedad privada señalada en la Constitución son que una sentencia judicial disponga la pérdida de la misma o la expropiación dispuesta por ley.
El régimen planteado en el Legislativo no tiene en cuenta ninguna de las modalidades, afirmó.
Por su parte, el diputado liberal Juan Bartolomé Ramírez dudó de la intención del Ejecutivo de recuperar las tierras de parte de los ocupantes. Manifestó que el Indert no tiene la capacidad de recuperar las tierras para fines de la reforma agraria.
De aprobarse, la ley otorgaba varios beneficios a los ocupantes irregulares como pagar en forma fraccionada o en caso del pago al contado, tener una quita de hasta el treinta por ciento del precio total.
Usurpadores. Antebi Cué fue expropiada por Ley 517 de 1995 a los fines de la reforma agraria, pero nunca se hizo una utilización adecuada de dicha propiedad convirtiéndose en un elefante blanco, pues solo la fracción minoritaria fue usada para colonias campesinas, con la excusa de que no eran aptas para la labranza. Incluso políticos se han beneficiado con la propiedad de las tierras, como el fallecido Magdaleno Silva, quien se había autoadjudicado unas 1.600 hectáreas.
UH
Con 37 votos a favor y 11 en contra del veto total del Poder Ejecutivo, los diputados remiten ahora el mensaje del Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores para su tratamiento.
El proyecto es cuestionado porque plantea que los ocupantes no beneficiarios en el estatuto agrario, puedan ser propietarios de las tierras pagando una compensación.
El portavoz de la postura de la bancada colorada, diputado Luis Larré, afirmó que aceptaron el veto del Ejecutivo porque el documento explica cómo el régimen especial en beneficio de los actuales ocupantes irregulares de las tierras, afectará el patrimonio estatal sobre las mismas y añade de qué forma transgrede la ley.
Dentro del decreto que veta este proyecto, además se detalla que las excepciones a garantizar la propiedad privada señalada en la Constitución son que una sentencia judicial disponga la pérdida de la misma o la expropiación dispuesta por ley.
El régimen planteado en el Legislativo no tiene en cuenta ninguna de las modalidades, afirmó.
Por su parte, el diputado liberal Juan Bartolomé Ramírez dudó de la intención del Ejecutivo de recuperar las tierras de parte de los ocupantes. Manifestó que el Indert no tiene la capacidad de recuperar las tierras para fines de la reforma agraria.
De aprobarse, la ley otorgaba varios beneficios a los ocupantes irregulares como pagar en forma fraccionada o en caso del pago al contado, tener una quita de hasta el treinta por ciento del precio total.
Usurpadores. Antebi Cué fue expropiada por Ley 517 de 1995 a los fines de la reforma agraria, pero nunca se hizo una utilización adecuada de dicha propiedad convirtiéndose en un elefante blanco, pues solo la fracción minoritaria fue usada para colonias campesinas, con la excusa de que no eran aptas para la labranza. Incluso políticos se han beneficiado con la propiedad de las tierras, como el fallecido Magdaleno Silva, quien se había autoadjudicado unas 1.600 hectáreas.
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