Un nuevo conflicto se desata por las polémicas tierras de ex- Antebi, ubicadas en Concepción y Amambay. Esta vez es por el costo estipulado por el Indert para el pago.
Los ocupantes, que son agricultores y ganaderos, anunciaron que no pagarán los montos porque consideran que es un abuso.
La Mesa Coordinadora de Ocupantes de la Ex Tierras de CIPASA tomó la decisión, ayer, en una reunión realizada en la ciudad de Puentesiño, en presencia de autoridades de Concepción y Amambay.
Según la resolución del Indert del 8 de enero pasado, el precio por hectárea es de G. 900 para los agricultores y G. 10 millones para ganaderos.
Florentín Calonga, coordina- dor de los ganaderos, sostiene que es excesivo e implica un abuso de la institución en contra de los productores paragua- yos. Agregó que la institución no tiene una política de precios y que no es seria en el trato de temas muy sensibles como la distribución de tierras.
"Queremos que el Indert se maneje como una institución social no como una inmobiliaria privada que busca lucrarse a costa de los pequeños productores", indicó.
Resaltó que los pequeños ganaderos no podrán abonar la suma exigida por hectárea, más aún con el condicionamiento de 150 hectáreas como máximo.
Leandro Ávalos, presidente de la Coordinadora Agrícola de Amambay, señaló que los mismos labriegos ocupantes fueron quienes, a través de una ardua y larga lucha, conquistaron las tierras y que ahora el Indert quiere aprovechar para lucrarse de ellas.
Desmintió la versión de la existencia de narcoganaderos en las tierras en cuestión. "Queremos saber por qué si los gobernantes tienen la certeza de la existencia de narcos en nuestra zona, no vienen y los apresan", cuestionó Ávalos.
Roberto Lezcano, representante agrícola de Concepción, indicó que son 16 años de lucha para la sobrevivencia en los asentamientos sin presencia del Estado, y que ahora quieren alejarlos con los altos precios. "No nos iremos de nuestros asentamientos y tampoco pagaremos esos abusivos precios", destacó Lezcano.
RECONSIDERACIÓN.
La Mesa Coordinadora de Ocupantes de la Ex Tierras de CIPASA tomó la decisión, ayer, en una reunión realizada en la ciudad de Puentesiño, en presencia de autoridades de Concepción y Amambay.
Según la resolución del Indert del 8 de enero pasado, el precio por hectárea es de G. 900 para los agricultores y G. 10 millones para ganaderos.
Florentín Calonga, coordina- dor de los ganaderos, sostiene que es excesivo e implica un abuso de la institución en contra de los productores paragua- yos. Agregó que la institución no tiene una política de precios y que no es seria en el trato de temas muy sensibles como la distribución de tierras.
"Queremos que el Indert se maneje como una institución social no como una inmobiliaria privada que busca lucrarse a costa de los pequeños productores", indicó.
Resaltó que los pequeños ganaderos no podrán abonar la suma exigida por hectárea, más aún con el condicionamiento de 150 hectáreas como máximo.
Leandro Ávalos, presidente de la Coordinadora Agrícola de Amambay, señaló que los mismos labriegos ocupantes fueron quienes, a través de una ardua y larga lucha, conquistaron las tierras y que ahora el Indert quiere aprovechar para lucrarse de ellas.
Desmintió la versión de la existencia de narcoganaderos en las tierras en cuestión. "Queremos saber por qué si los gobernantes tienen la certeza de la existencia de narcos en nuestra zona, no vienen y los apresan", cuestionó Ávalos.
Roberto Lezcano, representante agrícola de Concepción, indicó que son 16 años de lucha para la sobrevivencia en los asentamientos sin presencia del Estado, y que ahora quieren alejarlos con los altos precios. "No nos iremos de nuestros asentamientos y tampoco pagaremos esos abusivos precios", destacó Lezcano.
RECONSIDERACIÓN.
El asesor jurídico de la nucleación, Hugo Escobar, anunció que se presentará un recurso de consideración para mantener el precio anterior, y si no hay respuesta recurrirán ante el Tribunal de Cuentas.
Fuente; UH
