El pasado 2 de septiembre, el tribunal de apelación de Concepción dio a conocer el auto interlocutorio Nº 262/19, firmado por los magistrados Luis Alberto Rutz, Julio César Cabañas y Favio Cabañas Gosser. El documento deja constancia de un nuevo rechazo al pedido de libertad del periodista Édgar Américo Chilavert.
Con anterioridad, el 14 de agosto último, el juez Eduardo Agüero Benítez ordenó que Chilavert siga en prisión preventiva en Emboscada, según consta en el auto interlocutorio Nº 488/19.
El abogado Osvaldo Sánchez solicitó una reconsideración al tribunal de apelaciones de Concepción, pero finalmente los magistrados del tribunal resolvió mantener en prisión a Chilavert.
El periodista Édgar Américo Chilavert enfrenta la acusación de abuso sexual de menor, según acta de imputación presentada por la fiscala Carina Sánchez.
Aunque Sánchez sostiene que Chilavert sería responsable del delito, la Dirección de Laboratorio Forense del Ministerio Público no encontró pruebas que pudieran incriminar al comunicador en el supuesto crimen.
El Laboratorio Forense estudio en forma minuciosa tanto los equipos informáticos como los teléfonos celulares de los supuestos involucrados, y no encontró indicios que pudieran sugerir la existencia del delito .
A pesar de la falta de pruebas, los tribunales de Concepción sistemáticamente actúan para mantenerlo en prisión a Chilavert; peor aún, está detenido en la penitenciaría de Emboscada, a 500 kilómetros de su lugar de residencia.
Chilavert es hijo único, y su madre, ya anciana, se encuentra viviendo sola en Concepción.
La suerte de Chilavert se encuentra en manos del clan Urbieta. El periodista realizó una minuciosa investigación sobre la venta del puerto de Concepción a una empresa privada. El Ministerio de Defensa Nacional donó cuatro hectáreas sobre el río Paraguay a la Municipalidad de Concepción. El intendente Alejandro Ramón Urbieta Cáceres (PLRA), con apoyo de los concejales municipales, vendió la fracción donde debía funcionar el nuevo puerto.
Según registros de la Municipalidad, el predio fue vendido en US$ 700.000. En la ciudad se habla de que el costo real de la fracción fue unos US$ 8 millones.
Todos los jueces que se vieron involucrados en el caso Chilavert actuaron en favor del intendente “Tati” Urbieta, manteniendo la prisión preventiva del periodista.
Resulta llamativa la intervención de la fiscala Sánchez: aun cuando no tiene soporte técnico de la Dirección de Laboratorio Forense para sostener la imputación, sin embargo está decidida a mantener en la cárcel al periodista.
Difícilmente una fiscala se arriesguea tan abiertamente a enviar a prisión a una persona sin indicios, salvo que cuente con la seguridad de que no será juzgada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM); y es aquí donde surge el nombre de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien refieren como la autoridad que beneficia exclusivamente al clan Urbieta de Concepción.
