Millonarias obras inconclusas traen a Giuzzio.

Concepción.-
Ayer intervino la Gobernación para investigar el uso del dinero por la administración de la diputada liberal Ramonita Mendoza y su sucesor José Giménez. Se busca el destino de G. 700 millones.

Para investigar una denuncia de supuesta lesión de confianza por unos 700 millones de guaraníes, el fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio inició, este miércoles, una intervención a la gestión 2007 y 2008 de la Gobernación de Concepción.
La denuncia fue radicada inicialmente por concejales municipales salientes y recientemente por una agente fiscal de Concepción. La responsabilidad apunta a la ex gobernadora y actual diputada nacional, Ramona Mendoza, y su sucesor, José Giménez.
Giuzzio realizó una serie de verificaciones de documentos administrativos, pedidos de informes bancarios y constató dos obras que están en cuestionamiento, para las cuales se desembolsaron millonarias sumas de dinero, siendo cobrados los cheques. Sin embargo, ambas obras se hallan inconclusas.
Indicó el fiscal que inmediatamente solicitará peritos tasadores para tener idea de en qué porcentaje se ejecutaron las obras y a cuánto ascienden los desvíos de dinero.
La primera verificación realizada fue el segundo bloque de la residencia en el Campus Universitario, construcción que debió terminar hace tres años. Sin embargo, recién hace dos semanas se volvió a reiniciar la obra, porque el contratista, ingeniero Luis Pavón, recibió un desembolso de 100 millones de guaraníes de parte de la ex gobernadora y actual diputada, Ramona Mendoza. El costo de la obra asciende a unos G. 353 millones.

OTROS.

La segunda obra es el local del taller de la Gobernación, en la que se llegó a desembolsar un cheque por valor de 490 millones de guaraníes, quedando inconclusa. Se estima un 50 por ciento de trabajo faltante, aunque se precisará un peritaje.
Otra evidencia es la deuda que existe en la empresa Cóndor por concesión de repuestos y reparación de motor de un camión Mercedes-Benz, dinero, 155 millones de guaraníes, que salió de la administración, se cobró el cheque, pero nunca se pagó a la empresa. El vehículo está inutilizado, porque no se puede retirar el motor.
"Estamos en la verificación in situ de algunas de las obras, en las que supuestamente se desembolsaron millonarias sumas sin que concluyan, y vamos, a través de peritos tasadores, conocer con certeza cuánto se invirtió e investigar dónde fue a parar el resto del dinero", indicó Giuzzio.
También indicó que la principal responsable sería la gobernadora de la época, Ramona Mendoza, hoy, diputada nacional y, de comprobarse la denuncia, se deben realizar trámites para el proceso, por ejemplo, el desafuero. No descartó que otros funcionarios de su administración pudieran estar comprometidos en el hecho.
Otras obras que serán verificadas son las construcciones de dos oratorios en las comunidades de Jorge Sebastián Miranda y Kurusu de Hierro, un puente en Juguá Ibáñez y otras. El fiscal calcula que, de confirmarse la denuncia, el fraude estaría entre los G. 600 a 700 millones.